Urbanizadores andaluces creen que la Junta "se ha precipitado" con el 'derribo exprés' y muestran su "disconformidad"
Para el presidente de los urbanizadores andaluces, Ricardo Arranz, este nuevo reglamento vuelve a cargar sobre los consistorios la responsabilidad de los derribos de viviendas que, en la mayor parte de los casos, los mismos consistorios han autorizado". Según Arranz, "el 'derribo exprés' añade una gota más al vaso de la incongruencia que viene demostrando la Administración a la hora de regular la situación urbanística de nuestra comunidad".
"No dudamos que la intención sea buena, pero creemos que la medida tiene fallos de planteamiento ya que el gran perjudicado seguirá siendo el comprador de buena fe", relató el presidente de la federación, al tiempo que señaló que "aunque es cierto que existen casos manifiestos de ilegalidad, no lo es menos, que en otras ocasiones pueden resultar gravemente perjudicados propietarios que en su día tenían todos sus papeles en regla y sin embargo, ahora les dicen que sus casas, donde llevan viviendo algunos toda su vida son, no ya alegales, sino ilegales y que en menos de un mes la van a demoler".
Según el presidente de la Federación no es lógico que primero se autoricen y se den licencias a construcciones y luego, la misma administración las eche abajo.
En este sentido, Arranz indicó que habrá que ser especialmente precavido con la aplicación del principio de "cumplimiento por equivalencia" para que la indemnización sustitutoria o cesión de terreno no se convierta en una herramienta de recaudación.
Para la Federación Andaluza de Urbanizadores el aumento de los controles —inspectores urbanísticos, coordinación con el registro de la propiedad y las compañías de suministros— para evitar que situaciones como la que actualmente vive la Costa del Sol vuelva a producirse en un futuro "es una medida acertada", ya que "toda medida preventiva es positiva, es mejor prevenir que curar, lo malo es que esta medida llega tarde", apuntó Arranz.
De la misma forma, manifestó a través de un comunicado que aunque la Junta trata de agilizar y restablecer con esta medida el panorama urbanístico de la comunidad, la realidad, según Arranz, es que "las prisas nunca son buenas" y que este reglamento está provocando "un gran malestar, de hecho ya se han producido las primeras manifestaciones".
"Además habrá que estudiar cada caso particular para no cometer errores incorregibles por lo que no creemos que sea posible ordenar derribos en menos de un mes, como pretende la Junta, si se quieren hacer las cosas bien", apostilló.
Según expresaron desde la federación para finalizar, en todo caso, las órdenes de demolición pueden ser objeto de recurso —administrativo y/o contencioso-administrativo— en el cual se puede solicitar la suspensión de la misma. Si esto ocurre, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la demolición no se puede llevar a cabo sino hasta que los Tribunales de Justicia se pronuncien, con carácter firme, sobre la solicitud de suspensión de la demolición.