El Gobierno aprobará este viernes la Ley de Economía Sostenible

El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de Ley de Economía Sostenible, con el que pretende cambiar el patrón de crecimiento económico en un horizonte de diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo, y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor.

El anteproyecto de ley contiene la controvertida disposición adicional que determina el cese de actividad de una página web cuando ésta vulnerara "los derechos de la propiedad intelectual". Será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que decidirá qué páginas web de las señaladas previamente por la Comisión de Propiedad Intelectual deben ser cerradas.

No obstante, el texto puede contener cambios con respecto al anteproyecto aprobado el pasado 27 de noviembre, después de que el Gobierno lo haya debatido con los agentes sociales, los partidos políticos y las comunidades autónomas.

Reformas contenidas en la norma

La ley incluirá reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación en el sector público y la creación de empresas, lo que estará acompañado de incentivos fiscales a las empresas innovadoras y sostenibles, así como a la rehabilitación de vivienda, según lo establecido en el anteproyecto.

La norma está acompañada de un Fondo de Economía Sostenible de hasta 20.000 millones de euros, en vigor desde el 1 de enero y gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aportará 10.000 millones de euros, en tanto que la otra mitad se movilizará en el sector privado.

Con este presupuesto se financiarán actividades sostenibles que avancen en el cambio de modelo productivo a través de cuatro instrumentos: un fondo de inversiones de capital en infraestructuras, uno de capital riesgo, una línea de préstamos o avales a empresas y una línea específica de préstamos para rehabilitación de viviendas a particulares.

De acuerdo con el anteproyecto, la ley tiene entre sus objetivos establecer una regulación económica eficiente y un marco normativo estable con un bajo nivel de cargas administrativas, para que tanto la constitución de empresas como la contratación con las administraciones públicas sea más ágil.

Por otra parte, el Ejecutivo quiere garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, involucrando a la administración autonómica y local en el cumplimiento de los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Por ello, el anteproyecto de ley incluye la obligación de que los ayuntamientos informen cada tres meses de su situación presupuestaria y de los pagos pendientes.

En lo que respecta a la bonificación fiscal por la compra de vivienda habitual, a partir de 2011 se limitará a las rentas inferiores a 24.107,20 euros, pero se equiparará fiscalmente el tratamiento del alquiler al de adquisición y se creará una deducción del 10% (con un máximo de 3.000 euros al año) para las obras de rehabilitación.