Los recibos de la luz y del agua, la recepción del correo, la negativa del propietario a que se hagan inspecciones, las llamadas telefónicas o lo que digan los vecinos, servirán para que la Generalitat determine si un piso está vacío o superpoblado, y actuar contra sus propietarios.

El borrador del anteproyecto de la Llei del Dret a l’Habitatge que ayer adelantó el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, prevé «medidas de carácter forzoso» contra los propietarios de pisos vacíos que no acepten las ventajas que se les ofrezcan para ponerlos en el mercado del alquiler.

Obligados a vender

La Generalitat o los Ayuntamientos podrán inscribir los pisos vacíos en el Registro de Viviendas que no cumplen la función social y, «pasado un tiempo» sin que el propietario lo use como vivienda, se le «obligará a venderlo». Estas medidas no cuentan con la aprobación del PSC. El borrador también contempla castigos fiscales contra estos propietarios.

En este sentido, ERC ha llegado a un principio de acuerdo con el PSOE para que se les suba el IBI un 50%.

Medidas ‘anti-mobbing’

El borrador contempla medidas contra el mobbing que practican los propietarios de pisos que no los rehabilitan, para echar así a los inquilinos que pagan renta antigua. La ley obligará a rehabilitarlos y la Generalitat podrà adquirirlos y mantener a sus inquilinos.

Comenzar por el suelo municipal

El presidente de CiU en el Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, recomendó ayer a Salvador Milà que predique con el ejemplo y que comience expropiando el suelo que el Consistorio «lleva años subastando» para construir vivienda libre, lo que ha contribuido, según el político convergente, a que aumenten los precios. Trias dijo que esta práctica «lleva más de 15 años» haciéndose en Barcelona».