Siete de cada diez ciudadanos está a favor de la videovigilancia en lugares públicos

Un operario instala una cámara de videovigilancia.
Un operario instala una cámara de videovigilancia.
Martín Mesa / Archivo

Siete de cada diez ciudadanos se muestran a favor de la instalación de cámaras de seguridad en los lugares públicos, principalmente porque consideran que proporcionan más seguridad y protección.

Así se desprende del último barómetro del CIS (pdf) correspondiente al mes de septiembre, que revela que los encuestados se sitúan en una posición intermedia (6 en un escala del 0 al 10) si tienen que elegir entre disfrutar de más libertad y menos seguridad y viceversa.

Sólo un 10 por ciento de los encuestados está en contra de la videovigilancia, debido fundamentalmente a que con ella se pierde intimidad y privacidad, según opinan.

Los ciudadanos son más favorables a la instalación de cámaras de vigilancia en bancos, comercios, hospitales, guarderías y colegios y transporte público y en menor medida en lugares de ocio y bares y restaurantes.

Un 72,8 por ciento está a favor de que la difusión de imágenes grabadas por este tipo de cámaras esté controlada de alguna forma.

La privacidad en Internet, baja

Respecto a Internet, la mayoría de ciudadanos (56,6 por ciento) considera que la privacidad de sus datos en la red es baja o muy baja, mientras que sólo el 11,54 por ciento la considera alta o muy alta.

Además, más del 70 por ciento cree que el uso de internet favorece la intromisión en la vida privada de las personas, aunque por el contrario el 65,8 por ciento valora que también contribuye a resolver algunos problemas de la vida cotidiana.

En el caso concreto de compras por internet, el 76,9 por ciento de los encuestados cree que facilitar el número de tarjeta de crédito ofrece poca o ninguna seguridad.

A la hora de cancelar o borrar datos personales de algún registro, más de la mitad (53 por ciento) manifiesta que le ha sido difícil o muy difícil conseguirlo.

En cuanto al uso de Internet por los menores, el 60,5 por ciento de los ciudadanos cree que debería haber bastantes restricciones o controles e incluso un 20,9 por ciento defiende que el acceso sea completamente restringido.

Para la inmensa mayoría (un 84,8 por ciento), la responsabilidad principal de establecer los controles debería ser de los padres.

Los padres, responsables de los menores

Entre las familias con hijos menores y que disponen de internet, la inmensa mayoría (80,7 por ciento) asegura que ejerce control sobre ellos cuando navegan por la red, principalmente limitando el tiempo y el tipo de páginas web, aunque solo un 34 por ciento exige al menor que esté acompañado.

Un 63,4 por ciento de los encuestados confiesa que se conecta a internet todos los días, principalmente para buscar información y documentación, usar el correo electrónico o para "navegar" sin un objeto concreto.

Respecto a las razones por las que no se utiliza internet, las repuestas mayoritarias son porque no gusta o no interesa o bien porque no se sabe utilizar.

El 47,9 por ciento dice conocer la ley que protege contra los abusos en la utilización de los datos personales y el 52,6 por ciento sabe de la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de una utilización de datos sin el consentimiento del ciudadano, el 26,5 por ciento lo denunciaría en el juzgado directamente, en tanto que el 25,4 por ciento acudiría antes a la propia institución o empresa infractora.

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