Diputación de Gipuzkoa da luz verde al proyecto de Norma foral para impulsar el mecenazgo de investigación básica

En rueda de prensa tras el Consejo, la portavoz foral, Eider Mendoza, ha recordado que el diputado general guipuzcoano, Markel Olano, "presentó la medida a mediados de mayo".

A través de este mecanismo, la institución foral "activa una serie de nuevos y potentes incentivos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto de Sociedades, para fomentar las aportaciones que tanto ciudadanía como agentes económicos y sociales quieran hacer a la investigación científica", ha explicado Mendoza.

Según ha añadido, la Diputación busca "hacer partícipe a la ciudadanía de la investigación científica". "Al igual que en nuestro territorio está muy extendido el hábito de hacer aportaciones a las ONG, con esta medida pretendemos fomentar una cultura similar para hacer aportaciones económicas a la ciencia", ha señalado.

La portavoz foral ha explicado que el mecenazgo de investigación básica podrá realizarse mediante donaciones, aportaciones y legados o mediante convenios de colaboración empresarial. Así, se considerarán destinatarios del mecenazgo de investigación básica los Centros de Investigación y Excelencia acreditados como agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Gipuzkoa (programa BERC), así como los grupos de investigación de las universidades ubicadas en Gipuzkoa.

"Aprovechar el mecenazgo para impulsar la investigación científica es un esquema fiscal vanguardista, pionero e innovador del que no se conocen casos similares", ha detallado. En cuanto al beneficio fiscal generado por este mecenazgo, en el caso de las personas físicas supondrá una deducción del 35% en el IRPF.

Así según ha indicado, por ejemplo, una persona que conceda una ayuda de 1.000 euros a un grupo de investigación obtendrá una deducción de 350 euros.

En el caso de las personas jurídicas, las cantidades invertidas en este tipo de mecenazgo tendrán la consideración de gastos deducibles a la hora de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y tendrán además una deducción del 20% de la cuota líquida del impuesto. Por ejemplo, una empresa que conceda una ayuda de 1.000 euros a un grupo de investigación tendrá un gasto deducible de 1.000 euros (una cuota de 240 euros) y una deducción de 200 euros. Es decir, supondrá un beneficio fiscal total de 440 euros.

A su juicio, con esta medida, Gipuzkoa pondrá a disposición de los grupos de investigación del Territorio un instrumento de financiación fundamental para el desarrollo de sus ideas e investigaciones". "Les abrimos una puerta muy interesante, a la vez que abrimos la posibilidad de atraer científicos y científicas del más alto nivel a grupos de investigación que reciben mecenazgo", ha subrayado.

FRAUDE FISCAL

Por otro lado, el Consejo de Gobierno foral ha aprobado un segundo proyecto de Norma Foral, en este caso también relacionado con Hacienda. A través de esta normativa, se aprueban medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal.

"Las dos medidas más destacadas son la relativa a la lista de grandes deudores y deudoras, y las nuevas obligaciones de información sobre monedas virtuales", ha explicado Mendoza.

La portavoz foral ha sostenido que "más que tomar medidas contra el fraude, como siempre decimos, la manera más eficaz de avanzar en este campo es avanzar en la concienciación social". Por un lado, la nueva normativa introduce cambios en el régimen de la lista de contribuyentes con grandes deudas con Hacienda. De esta forma, se reduce de 1.000.000 a 600.000 euros la cantidad a superar para entrar en esa lista.

El contribuyente en cuestión podrá quedar excluido de la lista, antes de la finalización del plazo de alegaciones, cuando el importe mínimo abonado del 25% de la cantidad adeudada no supere la cantidad de 600.000 euros. La Hacienda foral de Gipuzkoa hizo pública en junio la séptima lista de grandes deudores y deudoras, un registro que incluía 43 sujetos y 239,9 millones de euros de deuda. La próxima se publicará en junio del 2023 con el nuevo límite ya mencionado.

En lo relativo a las monedas virtuales la nueva normativa establece la obligación de informar para quienes ofrecen servicios ligados a las monedas virtuales (plataformas) sobre las operaciones realizadas (transmisiones, permutas, transferencias, cobros y pagos) y los saldos. Estas obligaciones también las tendrán las personas titulares de este tipo de activos.