Pau Dols defiende en la Audiencia Nacional que no había alternativa a la operación de Son Bordoy con Martín Gual
Este miércoles arrancaba el juicio oral en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pau Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra los empresarios Martín Gual y Javier Collado. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
Este miércoles declaró el ex director general de Sa Nostra Pere Batle y este jueves lo han hecho el resto de acusados, manteniendo todos la misma línea: que la decisión que se tomó era buena y necesaria.
Según han informado fuentes del caso, Dols ha defendido su actuación afirmando que la alternativa era perderlo todo, y que la operación con Martín Gual era la mejor opción en aquel momento. En este sentido, ha resaltado que se logró salvar la situación y la reclasificación de los terrenos, con un importante proyecto de construcción.
Tras Dols han declarado el exdirector de Invernostra, Rafael Oliver, y el técnico urbanista del Grupo Martín Gual, Javier Collado, que ha detallado cómo fue todo el proceso administrativo que acabó con la aprobación del proyecto.
APROPIACIÓN INDEBIDA
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. "El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.
Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".
"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenían el Ministerio Fiscal.