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El Gobierno aprobará la semana próxima la Ley de Memoria Democrática que prevé prohibir entes como la Fundación Franco

El Gobierno ultima la propuesta de Ley de Memoria Histórica que llevará al Congreso, que en un planteamiento inicial incluye facilitar las exhumaciones de víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes o la prohibición de actividades de exaltación y enaltecimiento del franquismo como la que realizan entidades como la Fundación Franco, que debería verse obligada a modificar sus estatutos o a desaparecer. A la espera de conocerse sus términos finales, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha indicado este martes que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley en su reunión del martes de la semana que viene.

Según ha explicado Calvo, "el núcleo centra de la ley es el reconocimiento de las víctimas, de las dignidad de las mismas y para eso tiene que cubrir muchos objetivos, cuando entre en vigor no podrá haber una fundación pública o con dinero público que enaltezca totalitarismos o figuras dictatoriales".

"No va a poder haber ninguna fundación pública o con presupuesto público que pueda enaltecer, promover o promocionar ideas totalitarias, contrarias a la memoria democrática que nos ha traído hasta aquí", ha concretado.

Calvo también ha adelantado que el proyecto legislativo incluirá un "plan de exhumaciones" que contará con recursos públicos, así como un banco de ADN. "La primera acción de restitución de las víctimas es encontrarlas, identificarlas, que sus familiares las puedan tener y darles sepultura con el honor que les corresponde".

Derogación de la reforma laboral

El proyecto de ley de Memoria Democrática forma parte de las 171 iniciativas legislativas que el Gobierno se dispone a aprobar hasta final de año y que figuran en el plan normativo que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Entre estos planes figura también la derogación parcial de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012. Tras prohibir a principios de año los despidos por encadenar bajas por enfermedad, el Ejecutivo se compromete así a anular los otros "aspectos más lesivos" que se identificaron de aquí a diciembre.

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