Aragón encarga un estudio jurídico sobre el abastecimiento de agua a Barcelona
- El Ejecutivo aragonés lo ha decidido en una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno.
- El Gobierno de Aragón instará a la Administración General del Estado a que aporte toda la información con carácter de urgencia.
- Al mismo tiempo, reitera su oposición a cualquier trasvase del Ebro.
El Ejecutivo aragonés, en una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, ha aprobado este miércoles un acuerdo por el que se adoptan tres medidas sobre el abastecimiento de agua a Barcelona.
Las medidas aprobadas son las siguientes: instar al Gobierno central a que aporte toda la información; encargar un informe para determinar la naturaleza jurídica del proyecto y pedir a las Cortes de Aragón que inicien la elaboración de otro informe.
La reunión, convocada este miércoles por el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, tenía como objetivo analizar y adoptar una postura ante la prolongación del minitrasvase del Ebro a Tarragona, pactado el martes entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña con el fin de aportar a Barcelona y su entorno 50 hectómetros cúbicos de agua procedente de excedentes de los regantes del Delta.
El Gobierno de Aragón instará a la Administración General del Estado a que aporte toda la información, con carácter de urgencia, a la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el proyecto. También encargará a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de un informe, que determine jurídicamente la naturaleza del proyecto.
Oposición al trasvase
La tercera medida será instar a las Cortes de Aragón que, como medida preventiva, se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, poniendo a disposición de las Cortes los medios técnicos del Gobierno.
El Gobierno de Aragón reitera su oposición a cualquier trasvase del Ebro, en correspondencia con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que obliga a los poderes públicos aragoneses a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma".