Tribunales.- El ex secretario de Universidades Francisco Triguero recurrirá la sentencia por ayudas a la Fibic

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la defensa, quienes han apuntado que entre los argumentos que se expondrán está que no hubo ninguna ocultación a la Junta, que la Fundación no recibió cantidad alguna de la subvención excepcional que fue revocada por la propia Administración andaluza y que el ex secretario de Universidades no tuvo intervención en la concesión de dicha ayuda.

El juzgado ha condenado por el mismo delito y a la misma pena a un funcionario de la Secretaría General, ratificando la absolución del resto de procesados, entre ellos el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera; el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Juan Manuel Suárez Japón, y otros dos, para los que la Fiscalía retiró la acusación.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se declaró probado que los dos acusados "tramaron un plan para conseguir la financiación pretendida para finalizar el edificio, ocultando a la inspección la información relativa a ayudas previas -para llevar a cabo dicho proyecto constructivo- que hubieran determinado su denegación".

La jueza los absuelve del delito de prevaricación, pero entiende que su comportamiento se corresponde con fraude de subvenciones, "pues su actuación iba encaminada a obtener la ayuda necesaria para la finalización del Cibic", incidiendo en que "entre ambos elaboraron el plan para conseguir la subvención y la ocultación de la información relativa a ayudas anteriores".

Así, se explica que en una reunión del Patronato de la Fundación, en septiembre de 2011, se acordó solicitar a la Consejería una subvención de 11,5 millones de euros, petición que se tramitó, acompañando diversa documentación entre la que se encontraba una memoria técnico-económica explicativa de la construcción del edificio, que ya había recibido otras subvenciones públicas.

En noviembre de dicho año tuvo lugar otra reunión, indica la resolución, tras la cual "los acusados, conscientes de los obstáculos que suponían el haber recibido previamente subvenciones para la construcción del edificio por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, así como la circunstancia de que sobre ellas pesaran procedimientos de reintegro, decidieron ocultar estos hechos".

Entonces, según se señala en la sentencia, el funcionario requirió a una empleada para que redactara una nueva memoria técnico-económica "en la que se suprimieran las referencias a subvenciones anteriores, elaborándose una nueva memoria en tales términos", a pesar de lo cual la Intervención General de la Junta denegó la ayuda por varias razones.

"Ante tal circunstancia y con el objeto de evitar el reparo que la Intervención General ponía a la autorización de la subvención, y conseguir la ayuda que interesaban, los acusados idearon para ello articular una nueva solicitud en la que, al tiempo de renunciar a la previa que la Fundación ya había percibido de la Consejería para la construcción del edificio, se ocultaran de nuevo a aquel órgano la existencia de otras subvenciones anteriores", dice la sentencia.

Esto se hizo "siguiendo las directrices del acusado Francisco Triguero", indica la jueza, solicitando una nueva subvención por un importe de 15,5 millones "cifra en la que se incluía el importe de la subvención a la que se renunciaba". Esta segunda solicitud, junto con la memoria modificada, fue efectivamente presentada en diciembre de 2011.

Se tramitó un nuevo expediente, excluyéndose "cualquier referencia a subvenciones anteriores, y no uniendo la declaración aclaratoria" sobre las subvenciones, se asegura en la sentencia, apuntando que "fruto de dicha ocultación, se emitió informe favorable" por parte de la Intervención en enero de 2012, "lo que permitió al acusado Francisco Triguero proponer la concesión de la subvención".

El importe no llegó a ser entregado materialmente a la fundación, ya que solo la cantidad de 2.555.221,95 euros se consideró abonada por la propia resolución mediante la compensación con la deuda que la fundación asumía como consecuencia de la obligación de reintegrar la subvención a la que renunciaba.

En su declaración, Triguero mantuvo que "en ningún caso hubo intención de ocultar datos a la Intervención", apuntando que ésta "tenía conocimiento de las ayudas recibidas" por otras solicitudes previas en las que aparecía, reconociendo un interés de la administración en que saliera adelante el proyecto "pero no fuera de la ley" y negó que él tuviera un empeño personal fuera de derecho en ello y que influyera en los funcionarios.