PP exige un dictamen que explique el "escándalo" del exgerente de la Fundación Valdecilla

La diputada del PP cántabro Isabel Urrutia espera conseguir el apoyo del resto de grupos parlamentarios en el Pleno de este lunes, en el que defenderá una moción relacionada con el "escándalo" del anterior gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega, y en la que los 'populares' exigirán un dictamen que explique la situación generada en torno a este cargo público, del que dimitió al estar percibiendo una pensión además de su sueldo.

"Algo ha fallado para que en el Gobierno de Cantabria permaneciera una persona como alto cargo teniendo una incapacidad permanente total para el desempeño de ese mismo cargo. Y lo que es peor, cobrando dos retribuciones de públicas, algo que prohíbe de forma expresa la ley", sostiene Urrutia en un comunicado, en el que avanza la iniciativa de su partido.

El PP requerirá en la Cámara al Ejecutivo PRC-PSOE que realice, a través de los servicios de Inspección y Jurídico, un dictamen que "despeje al menos seis cuestiones" que la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, "ha sido incapaz de aclarar a día de hoy".

"Los cántabros necesitan explicaciones que el Gobierno no ha dado, necesitan la verdad y certezas, y necesitan transparencia sobre un hecho que ha permitido a un alto cargo cobrar de forma indebida dinero público", sostiene la portavoz 'popular', que recuerda que Ruiz Sisniega ha cobrado "más de 158.000 euros" en concepto de sueldo por su cargo de gerente en estos casi 3 años que van de Legislatura.

Ante esto, cree que se debe determinar "si fue legal o conforme a derecho" el nombramiento de Ruiz Sisniega como gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla "sabiendo como sabían" en el Gobierno que "tenía una incapacidad permanente total para el ejercicio de las mismas funciones que el cargo que iba a desempeñar, así como la posibilidad de declaración de nulidad de su nombramiento".

En el PP también quieren conocer "la declaración de compatibilidad del desempeño del trabajo con su situación de incapacidad permanente total". Así, sostiene Urrutia, desde el bipartito deben aclarar "si fue conforme a derecho el cobro de dos retribuciones públicas, de dos administraciones públicas con cargo a los presupuestos generales, de Cantabria y España".

Además, a juicio de esta diputada, queda también pendiente de aclaración si se cumplió por parte del Ejecutivo autonómico y de sus altos cargos lo establecido en la Ley de Conflicto de Intereses y en el Código de buen Gobierno de febrero de 2014, en relación con el nombramiento, "y por supuesto, la oportunidad de requerir al exgerente la devolución del dinero público indebidamente cobrado".

"Porque si no hubo expediente de compatibilidad, hubo falta de control, hubo una dejación de funciones que conllevaron a una situación indeseable, la que estamos viviendo ahora. Y si hubo expediente pero no diligencia para el cumplimiento de la ley, es cuando se tienen que determinar todas las medidas que recoge nuestra normativa y que es evidente este Gobierno no ha hecho", concluye Isabel Urrutia.