Gobierno del PP anuncia su intención de recurrir las cuentas vascas y el Ejecutivo Urkullu pide que "retire su amenaza"
- El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Gobierno español les ha comunicado su intención de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018, al considerar que ha habido una "extralimitación competencial" con la subida salarial al funcionariado vasco contemplada en los artículos 19 y 20 de la norma.
Erkoreka ha expresado su "más enérgica protesta institucional" y ha reclamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "deponga su actitud y retire la amenaza de presentar este recurso", que ha calificado de "incomprensible y lacerante".
En una comparecencia de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrada en Vitoria, el representante del Ejecutivo Vasco ha señalado que la Administración estatal citan como inconstitucionales dos decisiones adoptadas por el Gobierno Vasco: en primer lugar, la subida salarial del 1,5% para el años en curso, y en segundo término, la aportación de hasta el 1% del salario a Itzarri, la entidad de previsión social voluntaria de los empleados públicos vascos.
Además, ha recordado que estas medidas fueron, posteriormente, ratificadas en el Parlamento Vasco con el voto favorable del PNV, el PSE-EE y el PP. "Y ahora el PP las pretende impugnar con el argumento de que son una extralimitación competencial, dado que, al no haberse aprobado por el Estado el marco presupuestario básico para el ejercicio 2018, las retribuciones del sector público mantienen las cuantías vigentes al 31 de diciembre de 2017 y, por tanto, no es posible ningún incremento de la masa salarial", ha añadido.
El Ejecutivo del PP apela, para ello, al "mantenimiento de la estabilidad" económica". Josu Erkoreka ha expresado "la más enérgica protesta institucional" del Gobierno Vasco ante este nuevo recurso "con el que amenaza" el central y ha recordado que las cuentas también han sido apoyadas por los populares vascos. A su juicio, el recurso "sólo sirve para generar alarma entre los más de 70.000 empleados públicos" y crea "inseguridad jurídica" entre quienes gestionan las plantillas "y malestar en las mesas de negociación".
"Una vez más, el Gobierno español abusa y se extralimita de manera desproporcionada en el ejercicio de sus atribuciones e ignora olímpicamente el Estatuto de Gernika", ha subrayado.
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