Los pisos sociales se convierten en opción de compra para las rentas más modestas

En plena crisis inmobiliaria, habitar un piso social de la Junta o el Ayuntamiento es estar tocado por la buena suerte en Cádiz. La operación de compra-venta de más de 160 pisos de realojo a sus inquilinos en la calle Adelfa ya ha iniciado los trámites, después de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía haya remitido el correspondiente escrito a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reclamándole el acuerdo municipal para llevar a cabo la operación.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Cádiz se han ido deshaciendo en los últimos años el parque inmobiliario que le quedaba. Cada uno por su lado. Pero en esta operación en concreto están obligados a colaborar.

Se da la circunstancia de que estos pisos, que la Junta construyó en la década de los noventa para realojar a vecinos del casco histórico de Cádiz cuyas viviendas originarias estaban siendo sometidas a trabajos de rehabilitación, son propiedad de la Administración autonómica. Sin embargo, su gestión y mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Cádiz a través de la empresa municipal de viviendas, Procasa.

Sucede además que, con el paso del tiempo, muchos de los vecinos que llegaron a esta urbanización para instalarse en ella de manera provisional después prefirieron permanecer en el barrio de Cortadura y no volver nunca a sus viviendas originarias. Y el último paso ha sido solicitar a la Junta de Andalucía la venta de los pisos que ocupan. Una petición que encaja perfectamente con la política llevada a cabo por la Junta de Andalucía en esta materia.

La Consejería de Obras Públicas confirmaba ayer mismo a este periódico la tramitación de la solicitud ante el Ayuntamiento como consecuencia del deseo manifestado por los vecinos de acceder a sus viviendas a título de propietarios.

Y aunque la solicitud, presentada ante la alcaldesa de la ciudad, aún está pendiente de respuesta, en Procasa dejaron muy claro a este medio que parece bastante difícil que el Ayuntamiento vaya a poner impedimento alguno, sobre todo si no es propietario de nada. "Mejor para el Ayuntamiento, un problema que se quita", comentó despreocupado un funcionario de Procasa.

A conveniencia de todos

Lo mejor de estas operaciones es que, al final, acaban ganando todos. Ganan más que nadie los vecinos, desde luego. Pocas personas pueden disponer de pisos de hasta tres y cuatro habitaciones en la entrada de la ciudad, junto al Paseo Marítimo, por la irrisoria cantidad de 30.000 euros, que son los precios máximos que se están barajando, por ejemplo, en esta promoción de Adelfa. Pero es que las administraciones públicas también salen ganando. Dado que los precios del alquiler son prácticamente simbólicos -en Adelfa no pagan más de treinta euros al mes-, a las administraciones les sale mucho más caro el mantenimiento de estos inmuebles que venderlos aunque sea a precios situados por debajo de su coste.

Y, además, no hay que olvidar que estas operaciones tienen la ventaja de que lo que el inquilino ha ido abonando en concepto de alquiler durante el tiempo que ha vivido en el piso se acumula como parte del precio de venta.

Desde el año 1993 el propio Ayuntamiento se ha ido deshaciendo de su parque inmobiliario, habiendo vendido ya unas mil de las tres mil viviendas que poseía. Es un proceso lento porque, como muy bien subrayan en Procasa, no es obligatorio, pero da a los inquilinos la oportunidad de comprar.

Procasa ha vendido pisos por seis mil, siete mil, nueve mil, doce mil euros. Unas gangas que en los tiempos que corren no son fáciles de encontrar. Además, la ventaja que tienen todas estas operaciones ya puestas en marcha por el Ayuntamiento es que da la oportunidad de gestionar la compra a los herederos de los inquilinos. Éstos, en su mayoría, son gente bastante mayor que tendrían notorios problemas para financiar la compra del piso. Sin embargo, sus herederos sí que pueden hacerlo siempre que dejen el piso a la persona mayor en régimen de usufructo. Así aseguran su estabilidad durante sus últimos años de vida y éstos disponen de una propiedad que legar a sus descendientes.

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