Cs pide un seguimiento "real" de las 1.900 viviendas de alquiler social tras detectar "malos usos"

Cristina García ha realizado esta petición tras detectar varios casos de mal uso y conflictos vecinales. "Queremos saber por boca del concejal qué tipo de seguimiento y actuaciones se llevan a cabo ante los conflictos vecinales".

En rueda de prensa, ha relatado que el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, les ha transmitido que se realiza el seguimiento y además se coordina con los Servicios Sociales, pero según la concejal de Cs "no ha dado respuesta a la realidad".

Ha exigido que se cumpla el contrato tipo de Zaragoza-Vivenda para que en los casos de conflictos vecinales con más de 6 y 7 sentencias judiciales se actúe y se defienda a los vecinos del inmueble "por encima de todo", ha demandado.

Cristina García ha instado a que se revisen los contratos y ha dejado claro que seguirá de cerca los casos que conocen para evitar los conflictos que "derivan en problemas bastantes graves".

CLÁUSULA

Entre los conflictos generados, ha detallado destrozos en la vivienda, cuya reparación ha asumido la sociedad municipal y "de forma reiterada" y en algún caso "se ha vuelto a trasladar a la misma familia al mismo piso".

Asimismo, ha contado que hay daños en la comunidad que afectan al inmueble y "el Ayuntamiento y la sociedad Zaragoza-Vivienda mira hacia otro lado" y enfática ha dicho: "no puede ser que gestionemos y no tengamos el control y defendamos a los vecinos".

Cristina García ha expuesto que hay varios casos en los que el conflicto "se ha enquistado desde hace cuatro años con seis denuncias cruzadas entre la familia y los vecinos con sentencias judiciales a favor de los vecinos".

Por ello, ha abundado en que "se cumpla el contrato y si hay que modificar alguna cláusula que se modifique, además el seguimiento tiene que ser real porque si no se perjudica a la comunidad de vecinos".

La concejal de Cs ha añadido que a los inquilinos de estas viviendas sociales de alquiler se les pide "unos mínimos de convivencia y de responsabilidad" para seguidamente exigir que se ponga en marcha el programa de mediación en coordinación con los servicios sociales, si bien ha dudado de su efectividad en casos graves en los que, además de destrozos, se han constatado amenazas a los vecinos, como ha ocurrido en el barrio Oliver, principalmente.