La Audiencia ordena seguir investigando las ambulancias del 061, a la espera de un informe policial "esencial"

La Audiencia Provincial de A Coruña avala seguir investigando si hubo prevaricación en la adjudicación de un concurso de ambulancias de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 en el año 2014 y cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros; y esgrime que el informe policial que está pendiente resulta "esencial" para los fines de la investigación, lo que justifica ampliar el plazo de instrucción.

Así lo certifica en el auto del 6 noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso de apelación presentado por el técnico responsable de transporte del 061 M.A.M., quien actuó como evaluador de los vehículos y es el único que, por el momento, ha declarado en calidad de investigado en el marco de la causa.

Su defensa había recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de ampliar de nuevo el plazo de instrucción hasta 18 meses, a contar desde la fecha de expiración del plazo de la declaración de complejidad -el 6 de junio-.

Entre otras cuestiones, esgrimía la tardanza de las diligencias y alertaba de los efectos que las "dilaciones" podrían tener en su defendido, así como de los riesgos de la "pena de banquillo". El fiscal Álvaro García Ortiz se opuso al recurso e instó a continuar la investigación.

Ahora, la Audiencia desestima el recurso y subraya que el caso en cuestión es una investigación declarada compleja, que tiene el fin de aclarar si hubo información privilegiada y la Administración pudo usar pliegos facilitados por "una de las personas que posteriormente participó en la licitación" del concurso de ambulancias y de la que se dice que, "antes de la licitación, ya había preparado los vehículos de acuerdo con ese pliego".

El calado del caso, según el auto de la Audiencia, "justifica excepcionalmente la ampliación del plazo de instrucción", fijando un nuevo plazo máximo para su finalización.

No en vano, está pendiente un informe policial ampliatorio que la Audiencia reconoce como "diligencia fundamental". Y es que a su resultado, por ejemplo se condicionan las nuevas diligencias que reclama el empresario lucense que denunció las supuestas irregularidades en el concurso y que, incluyen, entre otras, la petición de que declare como investigado el director del 061, José Antonio Iglesias.

"NO HA EXISTIDO DESIDIA"

El auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso ordinario, incide, además, en que "no ha existido desidia o dejación" por parte del juzgado y añade que no constan los motivos por los que el informe policial ampliatorio pendiente aún no ha sido emitido.

"Sí se sabe", esgrime en todo caso, que para la elaboración de ese informe "se debían recabar datos" de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y que el contenido del mismo es "esencial" para los fines de la investigación.

Este hecho "justifica la nueva ampliación del plazo de instrucción" de una causa declarada compleja, sin que ello -argumenta- "suponga necesariamente conculcar el derecho constitucional del recurrente" a un proceso "sin dilaciones indebidas".

"Y sin que en esa decisión pueda influir la falta de obstaculización del recurrente a la actividad investigadora", ha zanjado.

SUPUESTA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El juzgado compostelano abrió la causa sobre la adjudicación del servicio de transporte sanitario urgente a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades que formalizó José Domingo Rodríguez, un empresario lucense excluido del concurso. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que recomendó en octubre de 2015 la admisión a trámite de la denuncia.

Los hechos arrancaron el 26 de noviembre de 2014, cuando la Fundación 061 publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los pliegos de condiciones relativos a la licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre.

La prestación del servicio y la presentación de ofertas se dividió en 14 lotes (por áreas de transporte), y el 061 fijó un plazo de 15 días naturales para la presentación de las ofertas. Finalmente, la parte denunciante subraya que el concurso fue adjudicado a empresas que trabajaban con la carrocera ourensana Rodríguez López -un 95,5 por ciento-, y la portuguesa Autos Ribeiro -el resto-, entre ellas, Ambuibérica.

La investigación intenta determinar si, como concluye la Policía Judicial, la Administración pudo usar para el concurso pliegos de condiciones facilitados antes a la carta por la carrocera ourensana "en connivencia" con la lusa, lo que habría permitido a las firmas que trabajaron con ella dotarse de ambulancias con las características exigidas en tiempo récord.

El empresario lucense denunciante aportó documentación, incorporada a la causa, según la cual el adjudicatario que se quedó con el lote de la Mariña Lucense, Ambulancias Burela, disponía de ambulancias matriculadas y rotuladas meses antes de que se resolviese la adjudicación, lo que respalda las sospechas de la Policía de que hubo aspirantes que pudieron tener una posición de dominio sobre el resto.

Por su parte, Sanidade ha defendido reiteradamente que el concurso investigado se realizó "conforme a la normativa vigente" y "garantizando en todo momento el cumplimiento estricto de la legislación".