Cuca Gamarra apoya las medidas adoptadas para reinstaurar la legalidad y la convivencia en Cataluña
- La alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Cuca Gamarra, ha manifestado este martes "su apoyo" a las medidas que el Gobierno de España ha adoptado para reinstaurar la legalidad y la convivencia en Cataluña; en concreto la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la convocatoria de elecciones en esta Comunidad Autónoma.
Gamarra ha realizado estas declaraciones en el marco de la reunión de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial de la FEMP, en donde se ha lanzado además un mensaje de apoyo a los alcaldes catalanes que durante este proceso han sido víctimas de acoso y amenazas por parte de las fuerzas políticas secesionistas.
En concreto, durante el Consejo Territorial se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional pidiendo para Cataluña la vuelta a la legalidad, a la democracia y a la Constitución.
"Defendemos -ha dicho la vicepresidenta de la FEMP en nombre de los ayuntamientos y diputaciones españolas- el Estado de Derecho en Cataluña y pedimos, a su vez, que se acabe en el menor tiempo posible con la fractura social creada por quiénes han querido romper España".
La situación planteada en Cataluña ha motivado que algunos asuntos de gran interés para el municipalismo español hayan quedado en cierta medida relegados de la agenda informativa, aunque siguen siendo objeto de atención en los órganos de gobierno de la FEMP.
Y -según ha mostrado su convencimiento la vicepresidenta de la FEMP- serán retomados próximamente por el Gobierno central. En concreto se ha referido a la reforma de la financiación local, la nueva regulación del impuesto de plusvalías o el cambio en la regla de gasto.
Otro de los temas que Gamarra ha destacado y valorado muy positivamente es el decreto que sobre pobreza energética ha elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy; ya que "permitirá dar cobertura a las familias en riesgo de exclusión social y servirá para que ninguna familia vulnerable se quede sin suministro eléctrico".
No obstante, ha matizado que queda pendiente de definir los perfiles de los perceptores, quién puede ser declarado en riesgo de exclusión social, estableciendo una definición igual en todos los territorios. Asimismo, como vicepresidenta de la FEMP, considera que es preciso determinar quién asumirá los costes del bono social, el Estado o las Comunidades Autónomas.