El Pleno de Torremolinos aprueba revisar el desarrollo urbanístico del Campo de Golf

Tras diez años de "abandono", la Corporación municipal ha mostrado su voluntad de reabrir este caso urbanístico que afecta 25 familias del municipio y realizará un informe jurídico con el objetivo desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra; así como dilucidar el presunto perjuicio para las arcas municipales que podría ascender a cerca de diez millones de euros.

Tras la anulación del Tribunal Superior Justicia Andalucía (TSJA) del proyecto de urbanización, "no es descabellado pensar que el de reparcelación corra la misma suerte", ha asegurado la portavoz del equipo de gobierno, Maribel Tocón.

Al respecto, ha apuntado que se trata de "uno de los mayores pelotazos urbanísticos que se han dado en esta ciudad en los años de gobierno del PP y que han dejado como víctimas directas a 25 familias de nuestro municipio", según ha puesto de manifiesto Tocón ante una veintena de miembros de la Asociación de Vecinos afectados de la Senda del Pilar, que también han acudido al pleno.

Estos vecinos, que suponen un seis por ciento de todos los propietarios del suelo de estos terrenos, "se sienten engañados y estafados porque llevan años pagando unas cargas económicas fruto de una especulación urbanística salvaje que nos recuerda a casos tan cercanos como vergonzosos, dígase la 'Operación Troya' o el caso 'Malaya'", ha continuado Tocón.

"Comprar y vender suelo con unas expectativas urbanísticas irreales, mercadear con nuestro suelo para obtener unas plusvalías millonarias en poco tiempo, un intercambio de escrituras que de antemano se sabía que no llegarían a materializarse. La prueba está en que después de diez años, en aquel sector no se ha movido un metro cuadrado de tierra, pero sí muchos papeles de un despacho a otro. Un chollo para los especuladores, un robo para los ciudadanos", ha manifestado.

Por otro lado, la primera teniente de alcalde ha transmitido "el malestar" de los vecinos quienes por fin han podido alzar la voz para decir que "se sienten víctimas del rodillo de los mayoritarios, que el pueblo tiene que saber que el Ayuntamiento ha sido estafado, y que el anterior equipo de gobierno siempre se puso de perfil para no defender el interés del pueblo frente al beneficio de unos pocos poderosos, que por cierto, siempre eran los mismos".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Ángeles Vergara, ha asegurado que "la moción presentada pretende dar solución a la situación urbanística denunciada por la Asociación de Vecinos Senda del Pilar y la realización de un informe jurídico sobre las determinaciones del Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación que pudieran incurrir en nulidad radical".

Vergara ha asegurado que les "consta el malestar y disconformidad por la situación sobrevenida que padece 25 familias minoritarias, que tienen sus viviendas y actividades económicas en esa zona desde antes del Plan General, del Plan Parcial y desde antes de que nadie se cuestionara la necesidad de urbanizar".

Ha explicado también que estos vecinos "vieron sorprendida su tranquilidad con delirios urbanísticas, posteriores a la construcción de sus viviendas que ni les van ni les vienen, siendo el imperativo legal de la Ley del Suelo lo que les ha implicado innecesariamente en un bucle en el que ven perturbada su posesión con cargas económicas por servicios que ni necesitan ni han solicitado", ha incidido. "Llevan años denunciando que se les ha privado de su defensa, dejándolo en una situación de indefensión", ha añadido.

De esta manera y tras el apoyo de todos los partidos representados en la corporación municipal así como el concejal no adscrito, se ha puesto en marcha un informe sobre las determinaciones del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación del Sector R.1.10 que pudieran incurrir en vicio de nulidad radical.

Asimismo estudiará la asignación de aprovechamiento a los propietarios afectados, revisará la valoración de aprovechamientos, las cargas de urbanización y obligación de compra de aprovechamiento por los propietarios de viviendas preexistentes, las indemnizaciones económicas en la cuenta de liquidación provisional por edificaciones y actividades que están en contra del planeamiento y cualquier determinación en perjuicio de los propietarios minoritarios que se estime digna de tener en consideración para subsanar situaciones injustas de los minoritarios frente a los mayoritarios.

OTRAS MOCIONES

La sesión plenaria de este jueves también ha aprobado sendos dictámenes para la puesta en marcha de dos reglamentos, uno sobre productividad del personal del Ayuntamiento, así como otro para regular la movilidad temporal de los mismos.

"Ambos tienen una finalidad totalmente diferente: uno velará por garantizar que el personal municipal se mueva entre delegaciones por objetivos reglados; y el otro fijará las retribuciones de todas las actividades extraordinarias y que no tengan que ver con el desempeño diario de las funciones de un trabajador", ha asegurado la concejala de Administración Pública, Carmen García, que ha puesto de manifiesto que han sido analizados por la totalidad de las secciones sindicales del Consistorio.

En relación con el complemento de productividad, durante los últimos años "ha dado lugar a muchas situaciones injustas en las que algunos trabajadores que ya no realizaban las tareas que en su momento provocaron su concesión pero las seguían percibiendo, muchos de ellos superando 2.000 euros mensuales, por lo que este reglamento fija unos criterios objetivos basados en la neutralidad para poder concederlos", ha informado. De esta manera se establece un sistema reglado de concesión o retirada de los mismos.

Por último, también se ha aprobado una moción para apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.

En este sentido, la portavoz del PP, Margarita Del Cid, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ayuntamiento de Torremolinos "apoye y respalde incondicionalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, rechazando toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia". La moción 'popular' ha sido aprobada por todos los partidos políticos a excepción del grupo de Izquierda Unida y Costa del Sol Sí Puede.