El alcalde de Xinzo reconoce que firmaba los contratos sin leerlos "porque confiaba" en el secretario

Durante la primera jornada del juicio que se celebra en el Penal 1, Antonio Pérez ha insistido en que el secretario "nunca le informó" sobre irregularidades en el proceso de selección.

También ha señalado que descubrió que había informes desfavorables tras intervenir el ordenador del secretario y que éstos fueron "redactados 4 o 6 meses después de los contratos".

Respecto a los reparos presentados por la responsable de Intervención hasta 2012 ha negado que fuesen reparos de ilegalidad y ha incidido en que se debían a una falta de coincidencia entre los importes de las nóminas y los acuerdos del convenio laboral.

El regidor ha explicado que las contrataciones se producían a instancias de los responsables de las distintas concejalías, que le informaban sobre la necesidad de personal y que era un tema que se trataba después de las juntas de gobierno.

Pérez ha negado que "nadie" dijera a quién había que contratar y justificó la renovación de contratos a los mismos beneficiarios, sin concurso público, en que "se entendería que era la persona más cualificada".

También ha rechazado haber recibido avisos de que el proceso de contratación era irregular por parte de Secretaría e Intervención, así como haber tenido información de que el Real Decreto 20/2011 veta las contrataciones a nivel municipal salvo casos excepcionales o necesidades urgentes.

El alcalde ha reconocido que no examinaba los decretos de contratación porque hace "cientos de cosas al día", que "no los leía porque tenía confianza en el secretario" y éste le confirmaba que estaba "todo bien". "Si hubiera sabido que había irregularidades no los hubiera firmado", ha concluido.

"NO FIRMABA DE FORMA AUTOMÁTICA"

Diametralmente opuesta ha sido la declaración de la interventora y de su sucesor en el cargo, el secretario del Ayuntamiento hasta esa fecha, que han coincidido en que se había informado al regidor en repetidas ocasiones de que era necesario un proceso de selección, pero que éste justificaba los contratos porque estaban a punto de concluir y por la "necesidad de cubrir el servicio".

"El alcalde no firmaba de forma automática, leía los documentos", ha abundado el secretario del Ayuntamiento, que pasó a ocuparse de Intervención a inicios de 2012.

En su intervención ha insistido en que, además, el regidor "conocía" que había informes en contra de la ausencia de proceso de selección. "Los leyó, lo hablamos y lo analizamos".

El secretario ha defendido que explicó a Antonio Pérez los "problemas" para la contratación de trabajadores, tanto en persona como en las juntas de gobierno. También que el regidor "conocía las limitaciones" que suponía el Real Decreto para realizar contratos.

La adjunta a la Secretaría en ese período ha confirmado que "se le informó de forma personal y en las juntas de gobierno de las deficiencias del proceso selectivo", pero que el alcalde señalaba la necesidad de las contrataciones "para cubrir un servicio" y porque los contratos finalizaban de forma inmediata.

La responsable de Intervención entre mayo de 2009 y febrero de 2012 ha sido contundente al afirmar que "desde el 2009 todos los informes a contrataciones y nóminas eran desfavorables".

También ha defendido que "siempre informó por escrito" al regidor cuando había irregularidades en las nóminas o cuando no se seguían "los trámites esenciales" en la contratación.

Sobre su experiencia en Xinzo ha dicho que se enteraba de las contrataciones cuando tenía que hacer las nóminas y que los reparos que ella presentaba los "levantaba el alcalde" a través de resoluciones en contra.

La interventora ha insistido en que Pérez estaba advertido sobre las irregularidades y que le llegó a afear que "siempre le estaba diciendo lo mismo".

LOS HECHOS

La fiscalía y la acusación popular ejercida por el principal sindicato del ayuntamiento (CIG) reclaman para el regidor diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el abono de las costas procesales por considerarlo "responsable en concepto de autor" de un delito continuado de prevaricación.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2011 y 2013 cuando, según el escrito de Fiscalía, el regidor realizó contratos, por decreto o directamente, sin que en ningún momento se atendiese el cumplimiento de "los principios constitucionales" de concurso u oposición para elegir a los trabajadores por su "mérito y capacidad".