El reglamento del Congreso no contempla la comparecencia de Fernández Díaz por las escuchas

Pese a la magnitud del escándalo, no es probable que se vaya a ver al ministro de Interior en fuciones, Jorge Fernández Díaz, comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre las grabaciones en las que se le escucha, junto al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, tratando de encontrar corruptelas que afectaran a dirigentes de ERC y de CDC en plena ofensiva soberanista, publicadas por el diario Público.

Los principales líderes de la oposición, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (C's) han pedido su dimisión, y alguno incluso ha planteado que comparezca él o el propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Es el caso de Rivera, que ha pedido a su Grupo Parlamentario que estudie si hay mecanismos jurídicos para hacerlo posible. Sin embargo, todo apunta a que no será así, dadas las dificultades existentes.

Para empezar, porque el reglamento del Congreso no lo contempla. La Diputación Permanente es un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Cumple un papel de sustituto del Pleno del Congreso para que determinadas funciones no queden desatendidas cuando las Cortes hayan sido disueltas o haya expirado su mandato, como es el caso. Entre estas, el reglamento cita expresamente la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno, y  la información, autorización y declaración, según los casos, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Asimismo, puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando ésta no se encuentre en período ordinario de sesiones. La actual Diputación Permanente está compuesta por 60 miembros, distribuidos de forma proporcional entre los distintos grupos parlamentarios, y su presidente es el propio Presidente del Congreso, Patxi López.

Para convocar una de estas sesiones, tendría que hacerlo el propio presidente, a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte del total de los miembros. Pero aunque así fuera, además de que no es algo que aparezca en el reglamento, no hay tradición ni doctrina en la historia de la democracia española sobre comparecencias de miembros del Gobierno ante este órgano parlamentario. Solo hay un precedente, y fue a petición propia en 1982, cuando el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, compareció para explicar el intento de golpe de Estado que un grupo de militares planeaba llevar a cabo en la visperas de las elecciones generales del 28 de octubre de aquel año, y en las que venció con mayoría absoluta por primera vez el PSOE. El plan golpista fue abortado por las fuerzas de seguridad.

Ya el pasado mes de mayo, cuando se produjo la polémica a cuenta de la prohibición por parte de la delegada del Gobierno en Madrid de esteladas en la final de la Copa del Rey, una decisión que finalmente el juez dejó sin efecto, CDC y ERC trataron de convocar la Diputación Permanente para forzar la comparecencia del ministro de Interior en funciones. El intento cayó en saco roto, ya que la Mesa de este órgano rechazó siquiera debatirlo, bajo el argumento de que en periodos entre legislaturas sus funciones están muy limitadas y no caben comparecencias.

Esta solo se produciría, según el criterio seguido hasta ahora, si fuese a petición propia, algo que no parece que vaya a ocurrir, dada la reacción de Fernández Díaz al escándalo, del que dice que es "una víctima". En lugar de explicar el contenido de las conversaciones, Díaz ha ordenado una investigación para esclarecer cómo se ha producido esa grabación y su posterior filtración.

Otro motivo por el que no parece probable que Fernández Díaz llegue a comparecer es la postura que el Gobierno viene manteniendo desde que se encuentra en funciones, con una negativa recurrente a ser sometido a control parlamentario por una Cámara que, según argumenta, no es la que despositó su confianza en el actual Ejecutivo.

Entretanto, el Parlament de Cataluña ha iniciado el procedimiento para revocar a Daniel De Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Cataluña. La presidenta de la cámara catalana,, Carme Forcadell, ha anunciado que han citado para este jueves a las 11 de la mañana a Daniel de Alfonso ante la Comisión de Asuntos Institucionales, y si no dimite, ha dicho Forcadell, el próximo pleno votará su cese.