La red de apoyo a familias cántabras afectadas por la crisis se regulará por decreto

La red de apoyo a personas y familias cántabras afectadas por la crisis económica será regulada por un decreto, según ha anunciado este lunes la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, al término de la primera reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

En el encuentro, celebrado en el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), la también titular de Universidades, Investigación y Medio Ambiente ha trasladado a los integrantes de este órgano que tendrán de plazo hasta el próximo 10 de noviembre para hacer aportaciones y sugerencias al Plan de Emergencia Social diseñado por el Ejecutivo, antes por tanto de su aprobación definitiva.

Con motivo de esta primera reunión del Consejo en la presente legislatura, Díaz Tezanos ha expuesto a los integrantes del mismo las líneas estratégicas y de trabajo del PRC-PSOE en materia de políticas y servicios sociales, y se han comprometido a que el funcionamiento de este órgano sea "constante".

Así, aunque "en teoría" el Consejo se reúne una vez al año, la intención del Ejecutivo y el ICASS es "dinamizar" y "dar máxima participación" a este órgano.

En la reunión, que se ha prolongado durante casi una hora y media, el Gobierno ha presentado el Plan de Emergencia Social, para dar respuesta a estas situaciones, y al que los integrantes del Consejo podrán presentar aportaciones y sugerencias antes del próximo 10 de noviembre, a partir de cuando el plan será definitivo.

También ha expuesto Díaz Tezanos la red de apoyo a personas y familias "realmente impactadas" por la crisis, que tras su desarrollo se llevará al Consejo de Gobierno para que un decreto regule esta red.

El objetivo de la misma es, según ha apuntado la vicepresidenta y consejera del ramo, que todos los agentes sociales sean capaces de ofrecer a personas y familias afectadas en situación de vulnerabilidad una respuesta integral e individualizada (el Ejecutivo calcula que más de 160.000 cántabros en situación de riesgo o exclusión, a lo que se suma un nivel "importante" de pobreza severa y "preocupante" en el ámbito infantil).

A través de esta red, de la que forman parte tanto la Administración regional como entidades sociales públicas y privadas que llevan a cabo programas relacionados con políticas sociales, es detectar primero las necesidades de los ciudadanos para derivarlos después a los servicios sociales y de atención primaria de los municipios, que se encargarán de estudiar la situación particular de cada caso y destinar los recursos necesarios que precisen.

Para ello, se va a elaborar también un mapa de recursos de Cantabria, para estudiar la situación de personas y familias, cubrir sus necesidades básicas, aprobar procesos de incorporación social y favorecer el acceso a un empleo.

Además, en este proceso podrán participar los ciudadanos que así lo deseen, a través de un programa de voluntariado social. Y cuando finalice el proceso, ha señalado Díaz Tezanos, se llevará al Consejo de Gobierno, para que un decreto regule la red de familias y personas afectadas por la crisis.

Tanto con la red como con el plan el Gobierno de Cantabria pretende dar respuesta a la situación de emergencia social que se ha "incrementado", ha manifestado Díaz Tezanos, para indicar que el actual bipartito concibe los servicios sociales como "derechos de los ciudadanos", mientras que para el anterior Ejecutivo del PP -ha comparado- se basaban en la "beneficencia y la caridad".

Así, para socialistas y regionalistas -ha incidido la vicepresidenta- las políticas sociales son una "prioridad", algo que a su juicio se ha puesto de manifiesto en los tres meses que va de legislatura y se plasmará también en los presupuestos regionales que se presentan a finales de esta semana en el Parlamento.