Google
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El Senado ha dado este miércoles el visto bueno para que la denominada tasa Google o canon AEDE de compensación a editores en Internet entre en vigor el próximo 1 de enero de 2015. Esto supone un adelanto de bastantes meses respecto a lo que estaba previsto en el texto de la ley Lassalle de reforma de la ley propiedad intelectual que salió del Congreso el pasado mes de julio y que incluye a la tasa Google en su artículo 32.2.

El cambio —que no solo afecta a la tasa Google, sino a gran parte de la futura norma— se ha producido durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara Alta (aún tiene que volver al Congreso para ser definitivo), que ha concluido con el debate y votación de enmiendas: el Partido Popular presentó en comisión una enmienda que proponía modificar la fecha de entrada en vigor de los distintos artículos, que en el caso de la tasa Google suponía un acelerón considerable.

La enmienda (la 174) fue incorporada al texto, así como las otras cuatro de los populares (170 a 173) y otra más pactada por todos los grupos; el resto fueron rechazadas. Así, los cambios iniciales fueron escasos, aunque se dejaba margen para una negociación exprés en la última semana. En total, se presentaron 209 enmiendas y seis propuestas de veto; los distintos grupos de la oposición, no obstante, han podido defender sus propuestas en el pleno del Senado, que al tener mayoría del PP las ha vuelto a rechazar todas en la votación. Los grupos han criticado durante el debate la "cerrazón" del PP.

El proyecto de ley de la ley Lassalle, por tanto, ha sido aprobado en el pleno por 132 votos a favor, 90 en contra y tres abstenciones.

La enmienda 174 del PP

La clave de todo, tal y como adelantaba este miércoles por la mañana el diario El Mundo, está en la disposición final cuarta del proyecto de ley, la de entrada en vigor, cuya modificación proponía la enmienda 174. En el texto que salió del Congreso se decía que la ley Lassalle entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE, pero había algunas excepciones, y una de ella era la tasa Google (el artículo 32.2), para la que se daba un año entero de plazo.

Con la enmienda del PP, se establece ahora que toda la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2015, y entre las excepciones que plantea no está la tasa Google. ¿Las razones del PP, que fue quien propuso el cambio? Una "mejora técnica", según consta en el texto de la enmienda. El proyecto de ley aún debe pasar por el Congreso, que se encargará de avalar (o no, aunque el Partido Popular tiene mayoría) los cambios introducidos en el Senado.

¿Qué es la tasa Google? El famoso artículo 32.2 explica que los agregadores de contenidos de Internet, entre los que estarían incluidos desde Google News, hasta Menéame pasando por otras redes sociales, pueden incluir "fragmentos no significativos" de contenidos de otras webs o de publicaciones sin autorización, aunque añade que los generadores de esos contenidos, los editores, tendrán derecho a una "compensación equitativa" por ello. El derecho, dice el texto, es "irrenunciable" y de él se ocuparán las entidades de gestión de derechos de autor.

Google News amenaza con cerrar en España

Este miércoles se ha sabido que Google estaría estudiando cerrar Google News en España debido a que esta compensación a autores sigue su camino en las Cortes sin interrupción. La tasa también recibe el nombre de canon AEDE porque cuenta con el apoyo la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), a la que pertenecen algunos de los principales periódicos del país.

Numerosos editores, medios, agregadores, asociaciones de internautas y autores, por su parte, están en contra, entre ellos 20minutos. Según un estudio reciente de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Coalición Pro Internet, la aplicación de la tasa Google o Canon Aede tendría un impacto de 1.133 millones de euros y provocaría la desaparición de los agregadores, o al menos de gran parte de ellos.

Otro punto polémico del proyecto de ley y muy criticado por los grupos es el canon digital por copia privada, que se encuentra referenciado en el artículo 25. El Gobierno de Mariano Rajoy, al retomar la ley de Propiedad Intelectual del Ejecutivo anterior, eliminó el llamado canon digital —la compensación equitativa contemplada en el texto refundido de 1996— y lo transformó en una compensación a los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Lo hizo con el reglamento de la ley Sinde y con un real decreto posterior en 2012; ahora, lógicamente, el texto de reforma de la LPI lo incluye también.

Hace unos días, las entidades de gestión de derechos de autor agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) amenazaron con recurrir a la UE para denunciar el sistema. El Tribunal Supremo, de hecho, preguntó en pasado mes de septiembre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si este canon es o no contrario a la legislación europea, retrasando así su pronunciamiento sobre el tema, que le pidieron con un recurso las entidades de gestión EGEDA, VEGAP y DAMA.

Otra de las enmiendas del PP incluidas en el texto, la 171, eleva la cuantía de las multas administrativas cuando haya incumplimiento, por parte de prestadores de servicios de la información, de "requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores". Desde la segunda vez que dicho incumplimiento tenga lugar, inclusive, se considerará una "infracción administrativa muy grave sancionada con multa entre 150.001 hasta 600.000 euros"; en el texto que salió del Congreso, las cantidades eran 30.000 y 300.000 euros.