Penas de hasta seis años para los mandos policiales de la trama del Riviera y el Saratoga
- Recibían dinero y regalos a cambio de proteger los prostíbulos, que han sido clausurados definitivamente.
- Los propietarios de los clubes han sido condenados a 10 años y medio.
- El caso se destapó en 2009 y comportó el cierre temporal de los burdeles.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta seis años de prisión a un comisario y dos inspectores jefe de la Policía Nacional y de hasta diez años y medio a los propietarios de los clubes Saratoga y Riviera por su relación con una trama de corrupción policial vinculada a burdeles.
En su sentencia, la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha condenado a la veintena de procesados por la trama de corrupción policial, entre ellos a los seis mandos y agentes de la Policía Nacional acusados de proteger a los prostíbulos a cambio de dinero y regalos.
La Fiscalía pedía penas de hasta 44 años de prisión para los mandos policiales, en una causa que se destapó a inicios de 2009 y comportó la clausura indefinida de los burdeles Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona).
Concretamente, la sala ha condenado al ex comisario jefe de Extranjería de la Policía Nacional Luis Gómez a seis años de prisión y a tres al ex inspector jefe de esa área Abundio Navas por un delito continuado de cohecho, omisión de perseguir delitos y falsificación en documento oficial. También el ex inspector jefe José Javier Martín ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel, y a cinco el exinspector Andrés Otero, que estaba jubilado cuando se precipitó la investigación, mientras que al subinspector Ignacio Landa se le ha impuesto un año y medio y al agente Manuel Melendo una pena de multa.
El tribunal cree probado que los policías, todos ellos inhabilitados para ejercer su trabajo, recibieron dinero y regalos de los dueños de los macroburdeles, a cambio de avisarles de las inspecciones que iban a llevarse a cabo en sus locales, en una trama corrupta que se prolongó entre los años 2002 y 2008.
Por eso, la sala ha condenado a diez años y medio de cárcel al dueño del club Saratoga Raúl Salcedo, a siete con once meses al propietario y socio del mismo club José Carlos Hazas, y a ocho años con once meses de prisión al propietario del club Riviera Antonio Herrero, así como a penas algo inferiores a los encargados de dichos locales.
Abogados condenados
La sala también condena a los abogados Fernando Martínez (seis años y medio de cárcel), Carlos Carretero (dos y medio) y Alex Garberí (un año y medio) por asociarse con el inspector jefe José Javier Martín para extorsionar a clubes de alterne de Barcelona, a los que cobraban grandes cantidades por asistirlos tras las redadas.
Asimismo, al ingeniero Joaquín Quílez -también imputado en la investigación por presunta extorsión a apartamentos turísticos de Barcelona- se le ha impuesto una pena de cuatro años y un mes de cárcel por avisar de inspecciones administrativas a varios burdeles en colaboración con el funcionario municipal Manuel Martínez, penado con tres años y medio de prisión.
La sala ha llegado al convencimiento de que los dueños de Riviera y Saratoga eran avisados por la policías de las redadas porque, a su parecer, "es evidente que hubo inspecciones en las que no se identifica prácticamente a ninguna mujer en situación irregular o a muy pocas", comparado con otras redadas "sorpresivas o posteriores".
La Audiencia cree que los dueños de los locales de alterne desplegaron una "estrategia" dirigida a ganarse los favores de los policías responsables de las inspecciones, "mediante pagos directos, regalos y otros beneficios, aparte de ofrecerles el acceso al club y sus servicios de bar y habitaciones gratuitos". La sentencia condena a los dueños de los macroburdeles por favorecimiento a la prostitución, al entender que se lucraban de la "explotación" de las mujeres de alterne, "aprovechándose de sus dificultades y en condiciones de subordinación", por mucho que ellas dijeran practicar esa actividad voluntariamente.
En ese sentido, el tribunal destaca los controles de que eran objeto las prostitutas del Riviera y el Saratoga, incluidos los que se refieren a su salud sexual, con extracciones de sangre y toma de muestras biológicas que se llevaban a cabo en la sede del club. En opinión del tribunal, las mujeres eran víctimas de explotación sexual por su "origen, procedencia y precaria situación, desconocimiento del idioma y escasos contactos en el país".