Una mujer afectada por las prótesis PIP: "Metieron en mi cuerpo silicona para automoción"

"Metieron en mi cuerpo silicona para la automoción". Con esta crudeza, Mariluz López, de 46 años, recuerda la experiencia de haber sufrido la implantación de unas prótesis mamarias defectuosas, que nunca debían haberse comercializado. Ella es una de las 80.000 víctimas que en todo el mundo han visto cómo se les implantaron las llamadas prótesis PIP, elaboradas a partir de una silicona no apta para el consumo humano.

El inventor y comercializador de estos implantes, Jean-Claude Mas (fundador de la empresa PIP), ha sido condenado por la justicia francesa a cuatro años de cárcel, así como al pago de una multa de 75.000 euros y su inhabilitación en el ámbito médico y sanitario. Su delito: vender un producto no homologado por las autoridades sanitarias.

La sentencia dictada por el Tribunal Correccional de Marsella (Francia) contra Mas se antoja "una porquería" para Mariluz. En su opinión, es "poquísimo, una barbaridad. Así no se manda una señal de que se ha hecho justicia, sino que las autoridades han hecho un lavado de imagen, condenando a este hombre. Veremos siquiera si pisa la cárcel", señala.

La historia de Mariluz López es como la de otras tantas mujeres que, después de tener sus hijos, perdió pecho y quiso recuperar esas tallas de menos mediante la cirugía, ya que por aquel entonces podía permitírselo. "Tuve que pedir una segunda hipoteca, de unos 7.000 euros [que aún sigue pagando hoy en día] ya que para hacer la operación tuve que viajar de Madrid a Valencia. No era un asunto de precio: Me pareció que los médicos valencianos eran los más serios y seguros. Por aquel entonces salí muy contenta", recuerda.

Para esta mujer de 46 años los problemas comenzaron desde muy pronto: "Un pecho se me desplazó y tuve que pasar por quirófano una segunda vez, si bien este problema no era debido al problema de las prótesis PIP", explica. Fue apenas tres meses después, cuando estalló el escándalo en Francia, que su cirujano la llamó y la alertó.

"Las pruebas de ecografía para ver si había algún desperfecto me las hizo la Seguridad Social, y detectaron que ya tenía una de las prótesis rota", detalla. Pero la operación de extracción tuvo que pagarla de su bolsillo: "Me sacaron lo que pudieron, y me tuvieron que extirpar un ganglio que estaba afectado por la silicona, aunque aún han quedado restos en el cuerpo que no se pueden extraer", comenta.

Con las secuelas psicológicas y físicas aún presentes, Mariluz reconoce que "aparte del susto, aparentemente" está bien, aunque atemorizada por los efectos que la permanencia de una silicona no apta para uso en personas pueda causar en su organismo. Es por eso que se ha unido en una asociación (ANAP) junto a cientos de afectadas en España y han emprendido acciones legales no solo contra el fabricante y los centros médicos que les prescribieron estos implantes, sino contra la Administración pública.

Desde ANAP sostienen que este escándalo se hubiera podido evitar en gran parte si se hubieran seguido los protocolos de alerta habituales en estos casos: Cuando surge un problema el médico ha de notificarlo a una base de datos central. Esto no se hizo en el caso de las prótesis PIP, y los afectados acusan a las autoridades sanitarias de haber mirado para otro lado y lavarse las manos ante esta negligencia.

Mientras el caso en España sigue en los juzgados, víctimas como Mariluz siguen a movilizándose para que su perjuicio no quede impune. "Espero que se haga justicia, es muy gordo lo que se ha hecho. A mi no me vendieron unas prótesis como si fueran baratas, a mi me las vendieron como si fueran de las buenas".