Broto (PSOE) dice que el IAI es un derecho reconocido por ley y propone que el crédito presupuestario sea ampliable
La portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista de las Cortes de Aragón, María Victoria Broto, ha afirmado este lunes que el cobro del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) es un derecho reconocido por ley y ha propuesto que el crédito presupuestario que lo financia sea ampliable.
En rueda de prensa ha asegurado que más de 1.000 familias con este derecho no cobran prestación y que algunas llevan más de seis meses esperando, tras lo que ha criticado que el nuevo modelo de IAI que está impulsando el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia excluye a los jóvenes de entre 18 y 25 años.
La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, "no apuesta por las personas más débiles, que tienen derecho a percibir una prestación para la subsistencia, para lo más mínimo", ha continuado Broto, quien ha agregado que la jefa del Ejecutivo autónomo es "despiadada con los ciudadanos e insumisa a la hora de cumplir las leyes".
Tras alertar de que la tasa de desempleo está creciendo más que otras comunidades autónomas, ha indicado que 107.000 ciudadanos viven con menos de 250 euros al mes y que 10.000 familias carecen de ingresos por completo. "Le pedimos que cumpla con la Ley", ha expresado la parlamentario.
Con la reforma legislativa que prepara el consejero Ricardo Oliván "se pretende que haya menos perceptores, ahorrar con algo tan básico como es lo mínimo para poder subsistir". Ha recordado que las entidades sociales que trabajan en esta área recomendaron que se dotara el IAI de 2013 con 32 millones de euros, y no con 21.
Broto ha echado en cara al Gobierno que tarde una media de 182 días en resolver los expedientes, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza dedica 32, añadiendo que en el primer trimestre de 2013 se produjeron 880 bajas y solo 516 altas.
En opinión de Broto, los populares "pretenden desmantelar el Estado del Bienestar" porque Luisa Fernanda Rudi "no cree en lo público". Ha hecho notar que también influye en la economía que las familias con derecho a percibir la prestación no cobren porque ese dinero lo aportan otros familiares, como es el caso de los pensionistas, lo que se traduce en un empobrecimiento de las familias, que consumen menos.