Pontevedra

Asime cree que si el Gobierno actúa con "prontitud" en la resolución del tax lease se podrían anunciar contratos

Vigo Foto Alcalde Con Astilleros
EUROPA PRESS

El portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, ha indicado que en estos momentos los astilleros de la comunidad están negociando "más de 16" contratos y, en ese sentido, ha estimado que si el Gobierno actúa con "prontitud" a la hora de "clarificar" la resolución de la Comisión Europea sobre el 'tax lease', se "podrían anunciar" algunos de ellos.

En declaraciones a los medios tras participar, junto con representantes de astilleros de Vigo, en una reunión con el alcalde, Abel Caballero; el portavoz de Asime indicó que "siguen negociándose" entre "16 y 18 contratos", algunos de ellos conocidos mediáticamente, según apuntó, aludiendo, sin nombrarla, a operaciones como la de Pemex.

Así, estimó que, tras el dictamen sobre el sistema de bonificación fiscal 'tax lease' que obliga a inversores a devolver ayudas entre 2007 y 2011, si el Gobierno actúa con "agilidad" para aclarar "hasta dónde" y "cómo" se deben realizar los reembolsos, podría anunciarse "próximamente" alguno de esos contratos.

Mallón destacó que, pese a considerar "injusta" y "discriminatoria" la decisión sobre el 'tax lease', la resolución final —que supone cambios respecto a propuestas anteriores— "no es tan perjudicial" como la primera propuesta y permitirá garantizar que el naval español sigue siendo "competitivo".

No obstante, ha estimado que la situación de "claridad" debería darse en "no más de dos semanas" y, ante el hecho de que algunos inversores hayan podido abandonar el sector a lo largo de dos años de bloqueo del 'tax lease' hasta que salió la resolución definitiva, esperó que "vuelvan" los que "se habían ido".

Así, aseguró que se defenderá a los estructuradores e inversores. "No deben verse abandonados", apuntó Mallón, quien abogó por la protección de los intereses de estos. En todo caso, sobre la posibilidad de presentar un recurso contra el dictamen de la Comisión Europea, destacó que habrá que analizar el texto, ver las opiniones de todas las partes —armadores, inversores, estructuradores, astilleros, sindicatos y el propio Gobierno— e intentar llegar a una "postura común".

Además de la implementación de la resolución europea, el estudio de un posible recurso y el diálogo con inversores y estructuradores, Mallón aludió a la necesidad de "empezar a poner en valor el nuevo 'tax lease' que España tiene en vigor, el cual fue aprobado en 2012 por Europa y que, según manifestó, "es el que mayor seguridad jurídica tiene".

"Tenemos todos los mimbres para relanzar el naval", estimó el portavoz de los empresarios del metal de Galicia, quien insistió en que no se dejará "solos" a los inversores y estarán con ellos "en la batalla legal que quieran emprender" o en la "defensa de sus intereses".

CABALLERO

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, insistió en que, tras la resolución europea, "el primer paso del Gobierno debe ser una aproximación a los inversores y estructuradores" a fin de que estos continúen su "participación en el sector naval". "El Gobierno tiene que dar garantías sobre el pasado y futuro del sector a los inversores y estructuradores", insistió, en ese sentido.

Caballero también pidió que, de forma "coyuntural" y hasta que inversores y estructuradores vuelvan a entrar en el proceso, el Ejecutivo garantice al sector la financiación y los avales, a través del ICO.

Así, pidió a la Administración central que actúe con "premura" para dar a conocer el alcance de la decisión de Bruselas, explicando cómo serán las devoluciones y trabajando también para que éstas sean la menor cantidad posible. Finalmente, pidió que continúe el "frente amplio" de consenso y "confluencia" para la "búsqueda del futuro" del sector.

"El futuro del naval será bueno si nosotros queremos que sea bueno", aseveró, al tiempo que consideró que el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, "ya es el pasado" y que el "presente" y el "futuro" están en el Gobierno y el Parlamento español.

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