Astilleros gallegos ven con decepción el dictamen del 'tax lease' y ahora esperan que los tribunales les den "la razón"
El presidente del Clúster de Empresas del Naval de Galicia (Aclunaga), Fernando Alcalde, ha manifestado su "decepción" por el dictamen de la Comisión Europea sobre el 'tax lease' que ordena la devolución de ayudas entre 2007 y 2011 y ha avanzado que se emprenderán "acciones".
En declaraciones a Europa Press una vez conocida la postura de las autoridades europeas, Alcalde ha mantenido que existen razones jurídicas suficientes para que prospere un recurso contra la resolución. "Esperemos que los tribunales nos den la razón", apuntó.
Alcalde ha destacado que el sector ya tiene preparadas acciones en ese sentido, si bien ha precisado que el Estado español "es el que tiene que reaccionar ante esto". No obstante, apostó por que los astilleros, como parte implicada, también puedan intervenir.
Sobre la cantidad de ayudas que habría que devolver, apuntó que "habrá que verlo caso por caso", si bien recordó que este cálculo le corresponde a la Administración central.
El presidente de Aclunaga, quien afirmó que habrá una reunión de urgencia de los astilleros para abordar la situación, también quiso mandar un mensaje de "confianza" y de "tranquilidad" a los inversores, a fin de que mantengan la "confianza en el sector".
Así, avanzó que serán defendidos "con uñas y dientes" puesto que, según precisó, ellos "también son parte de este mecanismo industrial", como los astilleros y los armadores.
ASIME
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón, calificó la postura de la Comisión Europea de "injusta, discriminatoria e irracional" por lo que, según agregó, "habrá que estudiar todos los argumentos jurídicos y políticos para minimizar el daño, que en parte será irreparable". De igual forma, pidió al Gobierno que "ponga en valor en nuevo 'tax lease' que fue aprobado por la Comisión en 2012".
En declaraciones a Europa Press, Mallón consideró necesario que el Ejecutivo español, las comunidades autónomas implicadas y los estructuradores, inversores y armadores se reúnan y se abra un camino de diálogo "intenso" para "lograr que la devolución sea la mínima". No obstante, estimó que será una "cantidad importante" la que haya que reembolsar.
El portavoz de Asime insistió, en todo caso, en que hay "vías para minimizar" el impacto de la resolución, de forma que "sea un palo, pero temporal, y que España pueda seguir contratando y evitar la desaparición del sector".