La UPL presenta una enmienda a la totalidad de la Ley de Pesca de Castilla y León y pide la dimisión de Silván
El procurador de UPL en las Cortes de Castilla y León, Alejandro Valderas, ha presentado este jueves una enmienda a la totalidad de la Ley de Pesca y ha solicitado la dimisión del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, como responsable de "un atentado más" a los intereses de los leoneses.
Valderas ha reclamado la retirada de la Ley de Pesca, ya que considera necesario de redactar una nueva normativa que incluya todos los aspectos relativos a la conservación del patrimonio natural y ha apuntado que la petición de la retirada de la Ley está realizada por el Grupo Mixto en las Cortes con el acuerdo de IU.
Para la UPL la normativa es "desastrosa y prescindible", ya que generaliza "de tal forma" las prohibiciones que "atenta" contra el propio fin de la Ley, la pesca. A ello se suman la falta de regulación de centros de acuicultura, que son "vitales" para la repoblación y la falta de algún epígrafe destinado a la recuperación medioambiental o una promoción de este tipo de turismo.
En este contexto, Valderas ha demandado una nueva redacción de la Ley, ya que el actual texto perjudica un sector que podría convertirse en un recurso de empleo en el mundo rural, según ha informado la UPL en una nota recogida por Europa Press.
En su comparecencia, el representante de la UPL se ha referido a algunas de las alegaciones recogidas en el documento presentado por la formación leonesista en las Cortes. En la primera de ellas se expone que las justificaciones al contenido exclusivamente prohibitorio de la Ley son "discutibles" y la simple prohibición de la pesca no asegura su recuperación, ya que es sólo uno de los motivos que provocan la disminución de especies piscícolas.
Plan estratégico de turismo
En este sentido, ha apuntado que el favorecimiento del turismo de pescadores foráneos tampoco se impulsa desde la normativa, que se limita a ofrecerle cupos o tramos de pesca que hasta ahora utilizaban pescadores locales. Tampoco se menciona el Plan Estratégico de Turismo que se redacta en la actualidad.
Otra de las alegaciones se basa en el tratamiento que se da a las asociaciones de pescadores, que supone la "marginación" de muchas de las entidades radicadas en el mundo rural; precisamente de aquellas que pueden realizar una mayor labor de conservación y vigilancia de la pesca.
Por otra parte, ha argumentado que la Ley es "poco concreta" en algunas definiciones como la de las 'masas de agua', que a su juicio podría incluir las piscinas recreativas, balsas de riego o abrevaderos de ganado. En cuanto a la definición de las 'aguas trucheras', puede incluir las que "potencialmente" puedan acoger esta especie, por lo que puede llevar a considerar a una comunidad del tamaño de Portugal como la "mayor reserva truchera del mundo", algo que resulta "ridículo y falso".
"abuso de autoridad"
En el apartado de la señalización, ha explicado que se pretende multar a quien no la conozca en "un claro abuso de autoridad" y el texto no se refiere a la posibilidad de que dicha señalización conste en un mapa virtual de fácil acceso telemático.
Además, ha rechazado la "facilidad" con que la Junta se atribuye todas las competencias en la materia y deja al margen las que ostentan las demás entidades locales, algo que resulta "sospechoso" y puede dar lugar a conflictos competenciales.
Por último, Valderas ha recordado el gran número de alegaciones presentadas en contra de esta Ley, en concreto, 200 de particulares acompañadas de 4.000 firmas; 30 de entidades del sector; 19 de administraciones locales y otras seis de otras entidades, lo que "deja clara" la falta de consenso entre el legislador y los sectores afectados.