Ávila

El 'número dos' de Interior y Cosidó anuncian en Ávila "medidas extra" contra denuncias falsas a agentes de la policía

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, han anunciado este jueves en Ávila "el refuerzo de las medidas jurídicas de protección de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía" contra denuncias falsas que pretendan "hostigar con evidente desprecio a la verdad" a sus agentes.

Según informa la Confederación Española de Policía (CEP) en un comunicado, el refuerzo de la protección jurídica se realizará mediante "la mayor implicación de la Abogacía del Estado" frente a aquellos casos en los que "la denuncia de una labor policial" se convierte en "instrumento para ejecutar campañas para dejar espacio a la impunidad frente a algunos delitos".

El anuncio se ha realizado durante su participación en los actos de clausura de la Asamblea Nacional de este sindicato policial celebrada a lo largo de esta semana en la ciudad castellana.

En su intervención, el Secretario de Estado de Seguridad también ha reiterado "la apuesta estratégica del Gobierno por un Cuerpo Nacional de Policía singular", descartando así la posible unificación con la Guardia Civil.

Días libres y recuperación salarial

Por su parte, el Director General de la Policía ha confirmado que, tras un próximo cambio normativo, los policías dispondrán de cuatro días adicionales de libre disposición al año "como recompensa asociada a la entrega de condecoraciones a la dedicación al servicio".

Además, Cosidó ha transmitido "el compromiso ministerial por la recuperación de los derechos salariales que hayan podido perder los agentes en el último año" por las medidas de restricción presupuestaria.

La Asamblea General de la CEP, que ha contado también con la presencia del alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y del presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, ha rendido homenaje a los policías "detenidos y encarcelados" en diciembre de 1976 por manifestarse frente al antiguo ministerio de la Gobernación de Madrid "para reclamar derechos laborales" como la Seguridad Social o pensión al alcanzar la edad de jubilación.