Citan a declarar como imputado al extesorero de Estepona y empleados municipales
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona (Málaga) ha citado a declarar en calidad de imputados al extesorero municipal y otras seis personas, entre ellas empleados del Ayuntamiento, en relación con la denuncia presentada por el alcalde, José María García Urbano, tras detectarse un desfase contable de más de 100.000 euros en el departamento de Tesorería.
A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza que instruye el caso señala que de las actuaciones practicadas hasta el momento en este procedimiento se puede presumir "la posible existencia de una infracción penal por un presunto delito de malversación de caudales públicos".
No obstante, considera necesario practicar nuevas diligencias para "determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento", por lo que cita a declarar a siete personas como imputadas, pero también se acuerda oír en declaración a varios perjudicados.
Así, se ha citado a una empleada municipal, que fue suspendida a raíz de estas investigaciones, el próximo 12 de diciembre; mientras que el extesorero ha sido llamado para el 31 de enero de 2013, junto con otra persona. El 1 y el 7 de febrero deberán comparecer las otras cuatro personas citadas como imputados. Por su parte, los perjudicados han sido llamados los días 21 y 22 de ese mes.
Este procedimiento tuvo su origen en la denuncia presentada en abril de este año ante la Policía Nacional por el alcalde de Estepona por presuntas irregularidades en la Tesorería municipal del Ayuntamiento, ya que la Intervención municipal había detectado, hasta ese momento, un desfase contable con un perjuicio para las arcas municipales superior a los 100.000 euros.
Según informaron en su momento desde el Consistorio en un comunicado, estos hechos "se derivan de supuestas actuaciones irregulares que se habrían iniciado en el anterior mandato y prolongado hasta la actualidad". En ese momento se resolvió dispensar de la asistencia a su puesto de trabajo al tesorero municipal durante la investigación.
Asimismo, por estas presuntas irregularidades se abrió expediente disciplinario y se suspendió cautelarmente de empleo y sueldo a una empleada municipal de Tesorería, que es la primera que ha sido citada a declarar. Posteriormente, García Urbano puso en conocimiento de la Policía Nacional un informe del Patronato de Recaudación en el que se ponen de manifiesto supuestas irregularidades.
Estos presuntos hechos estarían relacionados con el cobro de varios recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por un importe de unos 16.000 euros, según se informó en su momento, indicando que en dicho informe, elaborado el 10 de febrero de 2010, se advertía a los anteriores responsables municipales de la existencia de presuntas irregularidades que habrían sido cometidas por esa empleada municipal.