Dos hoteles ocupan la playa de un parque natural de Fuerteventura

Las agresiones al medio ambiente, como la tala de pinos en Las Navas del Marqués, han provocado que algunas fiscalías hayan duplicado sus investigaciones sobre estos delitos.
Ocupación ilegal en la playa de Fuerteventura. (GREENPEACE)
Ocupación ilegal en la playa de Fuerteventura. (GREENPEACE)
Los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, construidos en primera línea de playa del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura (Canarias), siguen funcionando varios meses después de que se anunciara su demolición en virtud de la Ley de Costas, según denuncia Greenpeace.

No es el único caso, aunque sí uno de los más paradigmáticos de las agresiones del urbanismo al medio ambiente. Al igual que la tala de pinos en Las Navas del Marqués (Ávila), son sólo la punta del iceberg. Así lo reconoce la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2005, en la que se indica que los delitos medioambientales ocupan la mayor parte de las diligencias de investigación abiertas de las fiscalías.

En espacios naturales

La construcción mueve la economía española y roba al territorio el equivalente a tres campos de fútbol cada día. En ocasiones estos terrenos son urbanizables y en otras se trata de espacios naturales de alto valor ecológico o incluso protegidos.

Si en los pinares de Las Navas del Marqués se quiere construir un complejo de golf, en la localidad canaria de Breña Alta (La Palma), un proyecto similar amenaza a cerca de un millón de metros cuadrados en una zona de alto valor natural. Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones a la construcción de La Pavona, nombre que recibirá el futuro campo de golf.

Asimismo, esta organización ha denunciado las ilegalidades urbanísticas en siete pedanías del municipio almeriense de Arboleas, donde se ha proyectado la construcción de 6.000 viviendas, lo que multiplicará por 15 su población.

Más de 1.600 diligencias

Sólo en delitos contra la ordenación del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, las fiscalías abrieron el año pasado más de 1.600 diligencias. El caso más flagrante, A Coruña, provincia en la que las investigaciones iniciadas por delitos medioambientales casi se cuadruplicó entre 2004 y 2005, pasando de 14 a 54 diligencias. En Sevilla y en Málaga casi se duplicaron, con 193 y 70, respectivamente.

Con estos datos, no extraña que en abril el Gobierno nombrara un fiscal especial para Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher.

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