El TSJC da la razón al Gobierno de Cantabria frente al Estado en una concesión en San Vicente
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón al Ejecutivo autonómico frente al Gobierno central ante una discrepancia que ambas administraciones mantenían en torno a una concesión para una actividad empresarial en San Vicente de la Barquera.
Según relata la sentencia, en mayo de 2010, el Gobierno de Cantabria se negó a anular una resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, por medio de la cual se autorizaba a una empresa a instalar un parque de cultivo de ostra y almeja en la ría de San Andrés, en San Vicente de la Barquera.
Esa autorización suponía la ocupación de 60.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre.
Gobierno de Cantabria y Gobierno de España discreparon sobre a quien le correspondía aprobar la concesión, pero también sobre la forma de hacerlo y también sobre si a la concesión había que sumar otro trámite, la propia autorización de la actividad.
Eso era, además, algo que dependía del carácter de la ocupación (de si tenía instalaciones temporales o permanentes). En este caso, al ser permanentes parte de ellas, no entraban en los supuestos que le corresponde regular al Estado.
En la sentencia, la Sala admite que le "sorprende" el cambio de argumentación por parte del abogado del Estado, al pasar de entender las instalaciones bajo jurisdicción de las leyes cántabras a hacerlo con las del Gobierno central, aunque en definitiva acabara pidiendo lo mismo, la anulación del acuerdo.
El fallo explica que la Ley de Costas regula un régimen específico para los cultivos marinos en el que el papel del Estado para autorizar la ocupación de ese espacio no es mediante una concesión, sino a través de un informe.
Por su parte, en base a la Ley, la concesión por parte del Gobierno de Cantabria faculta "tan sólo" para el ejercicio de la actividad por parte del titular, es decir, no se extiende a la ocupación.