Los ministerios de Justicia e Interior terminaron el anteproyecto de Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.

Esta nueva normativa establece un plazo de 12 meses en el que todas las compañías telefónicas deberán conservar los datos de las comunicaciones de sus clientes. 

También obligará a las tiendas que venden tarjetas telefónicas a identificar a los compradores creando un libro de registro.

Los datos que las compañías telefónicas deben retener corresponden a comunicaciones tanto de teléfonos móviles como de fijos y en
ningún caso se podrán conservar datos relativos al contenido de las conversaciones.

El anteproyecto se refiere a datos como el número de teléfono que origina la llamada, el que la recibe, la duración de la comunicación y el punto desde el que se ha realizado.

Con estos datos, también es posible saber (en el caso de todos los teléfonos fijos y algunos móviles) los nombres y direcciones de las personas que participan en la conversación, así como el servicio telefónico utilizado.

La medida de la localización del lugar permitirá registrar todos los movimientos que realizase un sospechoso durante una conversación telefónica con teléfono móvil.

El febrero pasado los ministros de Justicia de la Unión Europea dieron el visto bueno a este tipo de leyes.

Esta decisión se enmarcaba dentro de una serie de medidas para luchar contra el terrorismo y otros delitos graves.

Este tipo de medidas se empezaron a gestar tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de Londres en julio de 2005, pese a que las operadoras europeas argumentaban que esto aumentaría sus costes.