Cuatro puertos gallegos devuelven a usuarios 5,6 millones de euros en 2011 por las tarifas anuladas
Las autoridades portuarias de A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín-Ría de Pontevedra y Vigo han devuelto a lo largo de 2011 un montante global de 5,6 millones de euros a los usuarios que cuentan con sentencia firme tras las reclamaciones judiciales interpuestas por la aplicación de los precios públicos en estas instalaciones portuarias.
En concreto, la Autoridad Portuaria de A Coruña es la que ha tenido que afrontar el pago de devoluciones más elevado este año, con 4,7 millones de euros. Sumado a lo ya devuelto el año pasado, el importe total asumido por esta autoridad portuaria se eleva a 19,1 millones.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra tuvo que abonar este año 526.463 euros, con lo que, sumado a lo afrontado el año pasado, la devolución de tarifas roza los 4,3 millones de euros.
En cuanto a la Autoridad Portuaria de Vigo, el pago en 2011 fue de 342.656 euros, de forma que el montante devuelto entre el año pasado y este alcanza los 1,9 millones de euros, según los datos facilitados por Puertos del Estado.
Finalmente, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao devolvió este año 33.433 euros, con lo que el importe total entre 2010 y 2011 alcanza los 216.575 euros. El Puerto de Vilagarcía no tuvo que abonar este ejercicio cantidad alguna, pero el año pasado devolvió 21.513 euros.
Devolución en el sistema portuario
En el conjunto del sistema portuario español, Puertos del Estado atenderá en 2011 el pago de 70,33 millones de euros de las sentencias judiciales firmes que anulaban las liquidaciones por tarifas portuarias practicadas por 25 autoridades portuarias.
Esta cantidad, unida a los 231,66 millones de euros abonados en 2010, cubren la totalidad de las reclamaciones con sentencia firme recibidas por el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal a día de hoy. En total, las devoluciones a los usuarios que reclamaron suman 302 millones de euros.
Litigio prolongado
Estas devoluciones provienen de la anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional, que en 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000. Así, estableció que las tarifas portuarias debían considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.
Desde 1996, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia habían venido estimando los recursos interpuestos contra las liquidaciones practicadas por las autoridades portuarias en concepto de tarifas portuarias por falta de cobertura legal, así como las liquidaciones emitidas en sustitución de las primeras al amparo de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Igualmente, la Abogacía General del Estado había manifestado que resultaba contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional la práctica de la refacturación, y que las practicadas eran nulas de pleno derecho.
Por ello, la nueva Ley de Puertos (33/2010 de modificación de la Ley 48/2003 de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general), aprobada el pasado mes de agosto con el voto favorable de la mayoría del Congreso, ha incluido las correcciones necesarias para evitar que esta circunstancia se produzca en el futuro. Así, las cuantías básicas de las tasas portuarias vienen fijadas en la propia Ley, con lo cual tienen cobertura legal suficiente de cara a los usuarios.
Igualmente, a partir de la nueva Ley de Puertos, las autoridades portuarias tendrán flexibilidad en la estructura tarifaria a fin de captar y fidelizar nuevos tráficos y clientes con el objetivo de garantizar la rentabilidad del 2,5% del sistema.