Medio Ambiente trabaja con un horizonte de entre cinco y siete años para resolver el problema de los derribos

El Gobierno de Cantabria está trabajando con un horizonte a medio plazo y escalonado de entre cinco y siete años para la solución al problema de la ejecución de las sentencias de derribo firme en municipios costeros de la región.

Ese es el plazo que le trasladará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el encuentro que mantendrán en septiembre para darle cuenta del plan global, "general y escalonado" que ultima en estos momentos el Ejecutivo.

Así se lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, a Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), entidad que agrupa a los propietarios de viviendas con sentencias de demolición.

En el encuentro, el segundo que mantienen desde la llegada de Fernández al Gobierno, el consejero ha mostrado a los propietarios su apoyo a la iniciativa en la que trabajan, para que el Congreso de los Diputados asuma la ley cántabra que permitía el cobro de las indemnizaciones por los derribos antes de que estos se lleguen a ejecutar.

Para ello, AMA iniciará una ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios nacionales para recabar estos apoyos.

Vilela ha agradecido la comunicación que mantienen tanto con el consejero como con el presidente cántabro, Ignacio Diego, y han remarcado que esta ley sobre las indemnizaciones requiere, para ser eficaz, la dotación de un fondo económico con que hacer frente a estos costes.

Documento "muy madurado"

El consejero les ha explicado que el documento que se quiere llevar a la Sala, en el que se recogerá la situación de cada urbanización y las alternativas para el cumplimiento o no de la sentencia, se encuentra ya "muy madurado".

La elaboración se ha hecho en un proceso con "máxima transparencia", y para ello se quiere contar también con la opinión de la asociación ecologista Arca, promotora de la mayoría de las denuncias que acabaron en las sentencias de derribo, y a quienes se ha convocado a una reunión con el Gobierno de Cantabria.

El objetivo es que, pese a que se atienda a las necesidades del colectivo de afectados, "no se quede ninguna solución en el tintero", aspecto en el que ha hecho hincapié Javier Fernández, quien ha precisado que para su elaboración se ha partido en todo momento de las sentencias judiciales.

Y también ha matizado que el documento es una propuesta del Gobierno, sobre la que tendrá que pronunciarse la Sala del TSJC, pero que no evitará el cumplimiento de las sentencias, salvo en los casos en que sea posible, cuestión que se ha analizado caso a caso.

En este sentido, Fernández ha subrayado que "no todos los casos son iguales" y que hay situaciones en las que con modificaciones puntuales de normas urbanísticas se pueden evitar los derribos.