Feijóo reclama al Gobierno que impulse un "pacto de concentración" para afrontar lo que queda de legislatura

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes al Gobierno que impulse un "pacto de concentración" nacional para afrontar lo que queda de legislatura y las dos "urgencias" que, a su juicio, tiene el país, "el saneamiento de las cuentas públicas y la sostenibilidad de los servicios sociales básicos y, de forma concreta, del sistema nacional de salud".

Feijóo ha sugerido que ese acuerdo "tan necesario" entre "las dos fuerzas políticas más representativas del país", puede "hilvanarse" en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará a finales de julio, y "cerrarse" en una conferencia de presidentes autonómicos.

Ésta sería, a su juicio, "la respuesta extraordinaria" que necesita este país, "que vive una situación extraordinaria" de crisis. "Estoy convencido de que se iniciará después de las elecciones, pero creo que no tendríamos que esperar", ha señalado.

Además, ha sostenido que ese acuerdo es lo que esperan los ciudadanos de sus políticos, al tiempo que ha dicho que le consta que sus colegas de otras autonomías "están dispuestos a trabajar por ello, empezando, por supuesto, por Galicia".

Durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa, presentado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, Feijóo ha advertido de que "es necesario salvar estas dos asignaturas, porque, de lo contrario, pueden dejar cicatrices serias en las próximas generaciones".

"Yo propongo que en lugar de la soledad gubernamental, quien aún tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de este país, fomente un gran acuerdo nacional para transitar el último tramo de la legislatura", ha declarado.

Por otro lado, el presidente de la Xunta ha propuesto que se estudien las reformas legislativas necesarias para clarificar la responsabilidad civil de la clase política en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la Hacienda Pública.

"Cabe preguntarse si es lógico que hablemos de administraciones en quiebra o casi, de facturas ocultas en un cajón, de disparar el gasto público sin límite, y a la vez los responsables estén en la práctica exentos de responsabilidad", ha considerado Feijóo, tras criticar la "inmunidad" que tienen los responsables políticos a la hora de gestionar el dinero público.

A su entender, afrontar esta cuestión "serviría para dar mayor firmeza a las arcas públicas pero también para incrementar el crédito de los ciudadanos en sus gobernantes".

"Se ha pervertido la democracia", ha denunciado también Feijóo, quien ha considerado que ésta se ha puesto al servicio de los intereses partidistas en vez de los de los ciudadanos, y ha señalado que así lo reflejan los estudios demoscópicos. En este sentido, ha recordado que "primero se negó la crisis y luego se trató de gestionar primando los intereses partidistas".

Así, a su entender, el Gobierno ha caído en dos "tentaciones", que han sido "responsabilizar de la crisis a las comunidades autónomas y ayuntamientos" y "recurrir al supuesto antipatriotismo". Asimismo, ha lamentado que el Gobierno perdiera la oportunidad de reaccionar ante la crisis de forma gradual, porque "las consecuencias han sido muy dolorosas". "AUSTERIDAD,

Planificación y estabilidad presupuestaria"

Frente a la política económica del Gobierno, el presidente de la Xunta de Galicia ha reivindicado la fórmula de "austeridad, planificación y estabilidad presupuestaria"", que ya está aplicando en su comunidad.

Ha destacado que Galicia es una de las dos comunidades, junto con Madrid, que han cerrado el ejercicio 2009-2010 con estabilidad presupuestaria, lo cual le está permitiendo pagar a sus proveedores "en 35 días, por debajo del plazo legal y de nuestro compromiso electoral", al igual que le ha permitido colocar "el 75 por ciento de su deuda".

Todo ello, "con el lastre de tener que hacerle frente a una factura del anterior bipartito gallego y a un impago del Ejecutivo estatal". Por lo tanto, son 2.600 millones de euros derivados "de las malas previsiones económicas en 2008 y 2009" del anterior gobierno autonómico, y de un total de 805 millones de euros correspondientes al sistema de financiación autonómica, que, a su juicio, está "incumpliendo" el Gobierno.