Acusan a cuatro personas por no disponer de las medidas de seguridad en una obra
La Fiscalía de Málaga ha acusado a cuatro personas por no disponer de las medidas de seguridad necesarias en la construcción de 115 viviendas en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria en 2006, obras que presuntamente carecían de barandillas, plataformas y de redes de protección y en las que supuestamente se trasladaba material metálico bajo un tendido eléctrico con riesgo de contacto.
Así, se acusa por un delito contra los derechos de los trabajadores a la ingeniera que asumió las funciones de coordinación de seguridad y salud, al administrador de la sociedad contratada para construcción, al responsable de la empresa a la que se subcontrató las actuaciones de estructura y cimentación, así como al arquitecto técnico que era jefe de obras.
Según las conclusiones provisionales de la acusación, a las que ha tenido acceso Europa Press, en noviembre de 2006 se realizaba el encofrado de una escalera volada "estando la estructura abierta con riesgo de caída de altura de cuatro metros, en la que no se habían instalado redes ni barandillas ni plataformas andamiadas", ni tampoco redes de protección.
Además, el fiscal dice que había en el acceso una línea eléctrica bajo la que los operarios accedían a la parcela y trasladaban material "con riesgo de contacto". En la ejecución de la estructura "tampoco se habían adoptado las medidas tendentes a evitar la caída de equipos y material de trabajo", como sierras o martillos, que pudieran impactar sobre los operarios de niveles inferiores.
Por esto, la Inspección de Trabajo extendió, según el escrito inicial del ministerio público, una orden de paralización, al apreciar que las condiciones existentes "comprometían la integridad física de los operarios". En una nueva visita, se comprobó que se "procedía a descargar perfiles metálicos bajo el tendido eléctrico sin que se hubieran adoptado medidas para remediar la inseguridad".
Para la acusación, los dos responsables de las empresas constructoras "no habían optado desde el inicio de las obras las decisiones empresariales que les competían para dotar al centro de trabajo de las medidas de seguridad que garantizaran la realización segura de cada fase" ni para eliminar las instalaciones eléctricas preexistentes que afectaran al tránsito seguro de vehículos.
Los otros dos acusados "desatendieron las obligaciones que por sus funciones técnicas y el cargo desempeñado les comprometían con la seguridad", en concreto, "exigir el cumplimiento de las previsiones del Plan de Seguridad". "De esta forma consintieron que la obra se ejecutara en zonas en las que se realizaban trabajos especialmente arriesgados con absoluta falta de protecciones", se precisa.
Así, el fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de 10 meses de prisión, inhabilitación para desarrollar sus respectivos empleos, tales como administrar empresas o realizar funciones de jefe de obras, durante el mismo tiempo, así como el pago de una multa de 15.000 euros.