Femete denuncia a casi 430 empresas de la provincia tinerfeña por no querer regularizar su situación
La Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) ha denunciado a 427 empresas que no querían cumplir con la normativa desde el año 2000, fecha en la que se puso en marcha su Departamento de Ayuda a la Legalización (DAL), financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Gobierno de Canarias.
De las denuncias interpuestas por Femete, 147 fueron ante la Dirección General de Industria; 122 en ayuntamientos; 96 en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN); y 62 ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. La mayoría de los casos se centraron en el sector de los talleres de reparación de vehículos y, en menor proporción, en instalaciones y cerrajerías
Al mismo tiempo, desde el año 2000 Femete ha ayudado a regularizar la situación de más de 1.800 empresas. En ese mismo período, se realizaron 3.600 visitas a instalaciones y se gestionaron 4.806 trámites empresariales en la Seguridad Social, Hacienda, Medio Ambiente, ayuntamientos o Industria. Entre ellos, altas en obligaciones tributarias, solicitudes de inscripción en registros de productores de residuos peligrosos, peticiones de licencia de apertura o de instalación, así como presentaciones de proyectos para su aprobación.
Tras hacer públicos estos datos, Femete ha considerado clave que todas las empresas regularicen su situación y, sobre todo, las de sus trabajadores para así ofrecer más seguridad laboral, competir lealmente y acceder a cualquier tipo de bonificación o ayuda, por lo que muestra su total respaldo al decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido que aprobó recientemente el Consejo de Ministros.
No obstante, la patronal ha reclamado que se refuercen los medios eficaces de ayuda a la legalización que actualmente desempeñan federaciones empresariales como Femete, ya que suponen un buen complemento para la labor que realiza la Inspección de Trabajo. Más todavía cuando en España existen graves carencias de recursos humanos y materiales para combatir la economía sumergida. Por ejemplo, hay un inspector por cada 19.000 empleados, mientras que los estándares de la Organización Internacional del Trabajo recomiendan uno por cada 10.000.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, los empresarios cuentan con un plazo hasta el 31 de julio para dar de alta en la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados sin recibir una sanción administrativa, ya que a partir de esa fecha se aumentarán las acciones y los registros en las empresas. En concreto, aquellas que incumplan la obligación de alta y afiliación de un trabajador a la Seguridad Social tendrán una sanción mínima de 3.126 euros y una máxima de 10.000 euros. Cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos llamados 'en negro', la multa para la empresa será entre 10.000 y 187.515 euros.