El Ayuntamiento espera que el Ministerio agilice los trámites para iniciar el aparcamiento de la calle Alta

El Ayuntamiento de Santander confía en que el Ministerio de Economía y Hacienda agilice los trámites de modificación de la cesión de uso de la plaza de los Derechos Humanos de la calle Alta para poder iniciar la construcción del aparcamiento para residentes.

Según recuerda en nota de prensa el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio para este proyecto el pasado 6 de septiembre y posteriormente se remitió al Ministerio de Economía, que acaba de devolverlo firmado, "siete meses" después de su aprobación por el Consistorio.

Díaz ha indicado que el Convenio nació inicialmente con la pretensión de regularizar la situación que permitiera al Ayuntamiento la construcción del aparcamiento subterráneo para residentes en la Plaza de los Derechos Humanos de la calle Alta.

Sin embargo, y después de numerosas reuniones con la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se fueron tratando otros asuntos comunes que, finalmente, también se han incorporado al Convenio, "en un claro ejemplo de lo que debe ser la colaboración entre administraciones para sacar adelante actuaciones con un gran interés social".

Según recoge el convenio, el Ministerio cuenta con un plazo de seis meses para modificar la cesión de uso de la plaza de los Derechos Humanos, pero Díaz confía en que se agilice ese trámite para que se pueda poner en marcha cuanto antes la construcción del aparcamiento para residentes.

Términos del convenio

El convenio contempla las determinaciones esenciales para el desarrollo de tres actuaciones dentro de la ciudad: en la avenida del Deporte, 4, donde se ubica actualmente la Policía Nacional; en la calle Alta, 81, que se corresponde con la Plaza de los Derechos Humanos; y en la calle Alta, 32-A, es decir, la parcela donde se ubica Tabacalera, en frente del Parlamento regional.

En cuanto a la parcela situada en la Avenida del Deporte, sobre la que se encuentra implantada la sede de la Policía Nacional, lo que establece el Convenio es el compromiso del Ayuntamiento de Santander de impulsar las determinaciones urbanísticas necesarias para la construcción de un nuevo equipamiento destinado a albergar dependencias de la Administración General del Estado en la ciudad.

En la Plaza de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento propuso construir un aparcamiento subterráneo para residentes, con 175 plazas, después de constatar a través de varias reuniones con las Asociaciones de Vecinos de la zona, la demanda de plazas que existía y existe.

Entonces Patrimonio del Estado alegó que la plaza había sido objeto de una cesión en el año 1997 que determinaba que su destino debía ser el de espacios libres, parques, jardines y vial.

Desde un principio, el Ayuntamiento defendió que esta obligación no dejaba de cumplirse, aunque se llevara a cabo la construcción del aparcamiento subterráneo, pues la superficie seguiría cumpliendo los fines para los cuales fueron cedidos dichos terrenos, así como la utilidad pública y el interés social que tenía la construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes de la zona.

En el convenio se plasma el compromiso del Ministerio de Economía y Hacienda para tramitar, en el plazo de seis meses desde su firma, el correspondiente expediente de modificación del destino de la cesión que permita la construcción y gestión del aparcamiento subterráneo por parte del Ayuntamiento de Santander.

En cuanto a la parcela de Tabacalera, que cuenta con una superficie aproximada de 6.250 metros cuadrados y una edificabilidad de 8.000 metros, una vez descontada la parte que fue objeto de cesión como consecuencia del traspaso a la Comunidad Autónoma de las funciones en materia de Justicia, el convenio lo que establece es el acuerdo entre las dos administraciones para que ese aprovechamiento que tiene la parcela, y que se podría materializar en viviendas libres, se destine a la construcción, por parte del Ayuntamiento de Santander, de un edificio de viviendas de protección oficial así como de un aparcamiento subterráneo y una gran zona de espacio libre en superficie.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Administración General del Estado, aptas para su uso y completamente terminadas, dos plantas de dicho edificio de aproximadamente 1200 m2 cada una, así como 24 plazas de garaje.

De esta forma, se calcula que se podrán habilitar alrededor de 70 viviendas protegidas con sus correspondientes trasteros y plazas de garaje, así como un remanente de plazas que podrán ser puestas a disposición de residentes de la zona.