Una mañana de 1995, Jesús Vázquez recibió una llamada de su madre. Llorando, la mujer le comentó que habían telefoneado del juzgado y que debía presentarse rápidamente allí si no quería que cursaran orden de búsqueda y captura sobre él. Esa conversación marcó el comienzo de una pesadilla para el actor y presentador, quien tuvo que pagar medio millón de pesetas de fianza para evitar entrar en prisión.
Su historia también la vivieron otros 31 procesados inocentes que fueron imputados a partir del testimonio de un grupo de chavales toxicómanos que ejercían la prostitución en un pub de Sevilla llamado Arny. Todas esas personas fueron señaladas por la ley sin pruebas de ninguna clase ni indicios sólidos, lo que pone de manifiesto la deficiente actuación de policía y jueces en este caso.
La docuserie Arny. Historia de una infamia, recién estrenada en HBO Max, rememora la angustia que vivieron durante dos años personas como Vázquez, el humorista Jorge Cadaval, el músico Javier Gurruchaga, e incluso el juez del Tribunal de Menores de Sevilla, Manuel Rico Lara.
La presunción de culpabilidad
Todo empezó en febrero de 1995, cuando un adolescente llamado José Antonio Sánchez Barriga, denunció ante la policía que en bares como el Arny se prostituían menores (la policía pasó varios meses vigilando esos locales, pero no pudo precisar si en ellos entraban menores de edad).
En enero de 1996, el magistrado demócrata Rico Lara fue suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, supuestamente encargado de velar por el correcto desempeño de la labor de los jueces. En el caso del ya fallecido madrileño, el principio sagrado de presunción de inocencia fue sustituido por el de culpabilidad.
“[Los miembros del CGPJ] Se dejaron arrastrar por la corriente mediática y lo cesaron fulminantemente de empleo y sueldo, amparándose en que había una alarma social”, cuenta en la docuserie su hijo Ventura Rico. “Su obligación habría sido la de defender, con su propia vida si así fuese necesario, el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, frívolamente, lo cesaron, juzgándolo y condenándolo ya de alguna manera. Esto para mí es terrible, y esas personas merecen todo mi desprecio”.
Aunque la investigación del caso Arny se desarrolló bajo secreto de sumario, los nombres de los acusados empezaron a circular por todos los medios de comunicación, que obviaron la presunción de inocencia y sometieron a esos acusados inocentes a un cruel juicio paralelo. No en vano, las cadenas de televisión mercadearon a diestro y siniestro con los testigos que acusaban desde los platós (a quienes ciertas productoras llegaron a pagar con drogas).
Retrato sociológico
Además de servir para hacer un buen examen de conciencia, la docuserie traza un retrato sociológico de la España de los noventa, que jugaba a ser moderna pero todavía vivía dominada por infinidad de prejuicios basados en la sexualidad.
Aunque la homosexualidad había sido despenalizada (o más bien excluida de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social) dos décadas antes, la policía seguía deteniendo a 'invertidos' y 'travestis' (como entonces llamaban a las personas gais y transexuales), y muchos periodistas sacaron a pasear su homofobia durante el tiempo que duró el mediático escándalo.
Tal y como recuerda la expresidenta de la FELGTB Beatriz Gimeno en su libro La construcción de la lesbiana perversa, el caso Arny supuso “el punto álgido de la homofobia pública, después de la cual la sociedad entró en una especie de estado de arrepentimiento colectivo, tras el cual aquella dejó de ser políticamente correcta, aunque siguiera campando a sus anchas, ahora remozada bajo eso que hemos llamado ‘homofobia liberal”.
El periodista de investigación David González recuerda que a ninguno de los mandamases de las cadenas le pasó “ninguna factura” el hecho de “sentar en su plató, previo pago de su importe, a una serie de exconvictos” para que contaran auténticas burradas.
“Hay casos escandalosos”, comenta a nuestra revista, “como el de Mariola Cubells, que hoy censura cosas como Sálvame cuando ella pagó al testigo número uno para que acudiera a una televisión pública para contar sus barbaridades. Encima, esta señora se permitió el lujo de aparecer en una docuserie sobre el caso Alcasser, tirando basura sobre compañeros de televisión como Paco Lobatón o Nieves Herrero, cuando ella había hecho lo mismo con el caso Arny. Me parece repugnante”.
Claro que no todos los profesionales de la comunicación hicieron mal su trabajo. Ahí queda el caso del entonces corresponsal de El Mundo en Sevilla Pedro Andrades. Según el periodista, el diario manipuló varios de los reportajes que escribió para sus páginas, tergiversando lo que contaba y dotando a los textos de cierto morbo y sensacionalismo para así vender más ejemplares.
“Discutí con la dirección y planteé la cláusula de conciencia. Lo consideraron y yo me negué a seguir escribiendo. Eso debió ser un viernes o un sábado, porque el domingo salió otra doble página fantástica, abundando en la misma información y recopilando todo lo que ocurría. Ya no volví a escribir en el periódico”.
En junio de 1996, la jueza Auxiliadora Echavarri dio por finalizada la instrucción del caso, confirmando la imputación de todos los famosos acusados. Pero en el mes de septiembre, el principal testigo del Arny se retractó de todas sus acusaciones en televisión.
En concreto, dijo que había interpuesto aquella primera denuncia bajo presión policial, y que el jefe de policía del Grupo de Menores de Sevilla le había encargado un “trabajito” que consistía en acusar a una serie de personajes populares a cambio de dinero.
Por si quedaban dudas de su ineptitud, la jueza de instrucción se negó a incorporar al sumario esa nueva declaración, lo que obligó a todos los acusados a sentarse en el banquillo. Pese a todo, la periodista Inmaculada Casal, que entonces cubría Tribunales en Canal Sur, consiguió llevar el nuevo testimonio de Sánchez Barriga a los informativos de la televisión pública andaluza, lo que ayudó a empezar a desmontar toda aquella infamia.
La docuserie de Juan Moya también subraya la deleznable actitud del entonces fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, quien durante el juicio, quizás nervioso porque veía que el caso se le iba de las manos, se atrevió a comentar que los abogados defensores habían amenazado de muerte a varios testigos para que retiraran los cargos. Perplejos y cabreados, todos los abogados firmaron entonces un documento en el que pedían al fiscal general del Estado que destituyera a Flores. Pero la sangre no llegó al río.
Sin perdón
El caso Arny fue un desastre desde el principio. “Si tanto la fiscalía en su escrito de acusación como la jueza de instrucción en su sumario comentan ciertas cosas, la prensa luego tiende a darles veracidad, más allá de que esos datos se presenten luego de una forma más o menos amarillista”, comenta González.
“El cúmulo de errores fue una chapuza, pero también lo fue el hecho de que la jueza no estuviera dispuesta a reconocer los errores en su instrucción. Quiero pensar que hoy en día sería más complicado algo así, sobre todo porque los medios andamos más ojo avizor, y ya no nos duelen prendas en criticar los errores judiciales”.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla finalmente absolvió a 33 de los 49 procesados. Quedó demostrado que todo fue un montaje para inculpar a famosos homosexuales, pero todavía hoy no está claro del todo con qué motivo.
Según algunos, el objetivo principal era distraer a la opinión pública de la serie de escándalos que salpicaban al Gobierno de Felipe González. “A mí solo me llegaron a comentar una vez que denunciara al juez Rico Lara porque iba a ser la mecha que hiciera explotar la bomba atómica, y así tapar un poco el caso Barrionuevo”, afirmó en una entrevista el principal testigo del caso. Otros tienen claro que todo partió de la venganza personal de un mando policial contra Manuel Rico Lara, al que muchas fuerzas políticas conservadoras tenían ojeriza.
Pero también hay quien habla de una estrategia de especulación inmobiliaria que se fue de las manos. “Como dato objetivo, más allá de las hipótesis, el Arny estorbaba”, ha dicho el periodista y detective Juan Carlos Arias. “Era por el ambiente de prostitución que se había creado allí. El que va a comprar [un local], con la idea de revenderlo luego a un precio más elevado, lo que quiere es limpiar la zona. El Arny, en sí, la devaluó mucho más, visibilizó aquella degradación. De hecho, hoy por hoy, esa es una de las zonas más caras. La explicación es que allí había intereses especulativos”.
Pese a que ninguno de los famosos acusados resultó condenado, nadie les ha pedido perdón todavía por el doloroso e innecesario calvario que se les hizo pasar. “Estoy en condiciones de afirmar que, en el caso de algunas personas, [la resolución] hizo más daño que si hubieran recibido una sentencia condenatoria”, opina el abogado Francisco Bocanegra. “Es muy difícil asumir que, para llegar a ese juicio, un absuelto haya sido condenado día tras día. Ese es el peor pecado que puede tener la Justicia. Pero, desgraciadamente, todos los días puede haber un caso Arny”.
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