El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social ya han publicado sus objeciones al polémico Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, donde señalan que existen en el texto "regulaciones de determinados aspectos en términos muy generales, en las que se echa en falta una mayor concreción, junto con regulaciones que descienden a un nivel de detalle más propio de un desarrollo reglamentario".

Esta deficiencia resulta crucial en una ley de tanta relevancia como la que se está tratando. Por ese motivo creen que "se debería producir una reforma integral del marco regulatorio de la protección de la propiedad intelectual y de la normativa de aplicación que regula el funcionamiento de las Entidades y Sociedades de gestión de derechos de autor".

El Consejo Económico y Social señala que la ley se centra demasiado en cuestiones ya previstas

El Consejo Económico y Social señala que la ley se centra demasiado en "cuestiones ya previstas, relacionadas con el espectro radioeléctrico, la velocidad de acceso a las redes de edificios o las tasas aplicables a los operadores, contenidos específicos que afectan concretamente a la Ley General de Telecomunicaciones", y sin embargo casi pasa por alto las cuestiones relacionadas con "la profusión de medidas relacionadas con el impulso a la sociedad de la información, que promueve de forma mucho más amplia y transversal una economía digital abierta y competitiva, y estimula el desarrollo de las tecnologías de la información (TIC)".

Se echa en falta el tratamiento de temas tan importantes como el Plan Avanza2, el desarrollo de redes de nueva generación o aspectos relacionados con la cohesión social y la competitividad económica.

El CGPJ también remarca el problema de la generalidad de la ley. "No termina de quedar claro si la intervención judicial deberá producirse en todos y cada uno de los casos en los que la Comisión haya resuelto interrumpir un servicio de la sociedad de la información o retirar ciertos datos o contenidos, o únicamente cuando, dadas las circunstancias, la propia Comisión estime que esa interrupción o retirada pueden llegar a comprometer alguno de los derechos o libertades enumerados en el artículo 20 CE", han explicado.

La "Ley Sinde" no para de suscitar quejas y críticas. Recientemente, un magistrado de la Audiencia Nacional ha criticado duramente la nueva normativa sobre la propiedad intelectual que el Gobierno quiere incluir en la nueva Ley de Economía Sostenible. En el texto, el magistrado asegura que hay un "intenso intervencionismo" del Ejecutivo en este tema.

Durante las últimas semanas, se ha debatido sobre la polémica ley ante la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Han participado en el debate representantes de todas las partes implicadas.