La ley de Internet "permite a la Comisión sacrificar un derecho fundamental"

Un magistrado de la Audiencia Nacional ha criticado duramente la nueva normativa sobre la propiedad intelectual que el Gobierno quiere incluir en la nueva Ley de Economía Sostenible. En el texto, publicado en la web EcoDiario, del diario eleconomista.es el magistrado asegura que hay un "intenso intervencionismo" del Ejecutivo en este tema.

En primer lugar Francisco José Navarro, el autor del artículo, equipara la propiedad intelectual a otras de diversa índole, como una finca o unas acciones. Así, en un anteproyecto que es "sumamente confuso e indefinido" y que sigue "un hábito legislativo pintoresco" el Gobierno sobreprotege al titular de derechos intelectuales.

"Además del juez civil y del juez penal, le surge ahora al titular del derecho de propiedad intelectual un tercer protector, el Ministerio de Cultura" lo que a juicio del magistrado "perturba e interfiere" a los dos primeros niveles de protección.

Ahora será "el sancionado quien deba reaccionar judicialmente frente a un mandato o prohibición que se le impone"

En su escrito el magistrado asegura que "se atribuye a la Comisión una competencia exorbitante que permite sacrificar un derecho fundamental" como el de la libertad de expresión, "para que prevalezca otro derecho de menor rango que éstos, el de propiedad intelectual".

Además, en el texto se hace ver que se modifica el sistema actual de justicia, que proviene del Derecho Romano, ya que por lo común es el agraviado el que debe dirigirse a un juez para reclamar su derecho, y ahora será "el sancionado quien deba reaccionar judicialmente frente a un mandato o prohibición que se le impone".

Sobre esta nueva normativa, que el magistrado considera "una pieza extraña en otra ley", planea la sombra de la "arbitrariedad" y el magistrado insinúa que la intervención de un juez parece añadida "para acallar las voces críticas que denunciaron el asombroso parecido de los cierres de páginas web con el secuestro de publicaciones".

Por último, el juez afirma que "es inexplicable que se instaure un procedimiento exprés de cuatro días, lo que no sucede ni siquiera en materia de derechos fundamentales, para amparar un derecho que no es fundamental".