Pablo Soto: "La 'Ley Sinde' es digna de un Estado no democrático"

Descargarse gratuitamente de Internet una canción, un disco, una película, un capítulo de una serie u otro archivo es relativamente fácil para cualquiera que sepa teclear las palabras mágicas en el buscador de turno: "Gossip Girl temporada 3 capítulo 13 torrent".

Voilà. Casi 400.000 referencias nos facilitarán el trabajo. Si no, podemos acudir a una de esas páginas web que nos permiten mediante enlaces acceder al visionado de nuestra ficción favorita en streaming -normalmente sujeta a limitaciones temporales- al tiempo que vamos bajándonos la siguiente entrega. Tan fácil como eso. La masificación del intercambio de archivos así como de la libre disposición en la Red de estos contenidos constituyen un síntoma de los tiempos que corren. Es la Sociedad de la Información.

Tras varias intentonas y siguiendo la estela de otros gobiernos, el español quiere ahora poner reglas a este mercado libre tomando como base la defensa de los derechos de la Propiedad Intelectual. De ahí el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la tan mencionada Disposición final primera. Muchas posibles víctimas de la aprobación de esta normativa –si sale adelante tal y como está redactada- han expresado ya su opinión al respecto: manifiestos, movilizaciones, reivindicaciones, refutaciones legales, etc. 

"Sin posibilidad de defensa real"

Una de sus principales quejas radica en que ya existían vías para procesar a aquellos que, supuestamente, estuvieran cometiendo actos delictivos en Internet. Y que no era necesario ampliar el radio de acción de la justicia, y sobre todo de la Administración, con términos como "ánimo de lucro indirecto". Con la Ley Sinde, "cualquiera que tenga una web de cualquier tipo estará en peligro de censura y sin posibilidad de defensa real". Lo dice Pablo Soto, pendiente de una sentencia por crear software de P2P.

Él sí pasó por el juez, algo que, según el joven madrileño, será anecdótico cuando el texto vea la luz, en tanto en cuanto la Comisión designada por Cultura "sería la que tendría el poder de decidir los cierres" de sites. Soto, al que llevaron a los tribunales las principales discográficas, cree que la aplicación de la norma tendrá un componente político "según los intereses del partido político que gobierne" y tilda el Anteproyecto de la Ley Sinde de "una propuesta digna de un Estado no democrático, parcial e inconstitucional".

Su caso, asegura, ya ha pasado a otro estadio, por lo que no debería verse afectado por la Disposición, además "un software no entra dentro de lo denominado prestadores de servicios de la sociedad de la información en la Ley”. No obstante, opina, "cualquier cosa podría pasar". No sólo, por tanto, creadores de programas podrían verse tocados, sino también, reitera, "cualquiera que tenga una página en Internet". Es uno de los puntos calientes del asunto. En el otro extremo de la mesa, están las operadoras.

Una "oferta legal de contenidos"

Redtel, que agrupa a las principales empresas del sector (ONO, Orange, Telefónica y Vodafone), no quiere pronunciarse sobre el documento hasta que no se presente "el reglamento que lo desarrolle", según explican a 20minutos.es. Su postura, de momento, es la que "siempre" han mantenido: prefieren una "oferta legal de contenidos" para hacer frente a la piratería antes que leyes sancionadoras en las que, además, tendrían un papel fundamental: se les podrá requerir, por ejemplo, información de los usuarios.

Pero también tendrán que ser estas operadoras las que interrumpan, si llega el momento, "la prestación del servicio", es decir, las que dejen sin conexión a alguien por orden del juez o de la Comisión. ¿Y qué ocurre con gigantes de la Red como Google, que ofrecen miles y miles de vínculos, algunos de los cuales podrían rozar los límites de lo legal según los nuevos criterios? ¿Entrarán en el abanico de posibles encausados por los garantes de los derechos de autor? La solución a esta maraña de conceptos no es clara.

Para Soto, es "necesaria una revisión a fondo de la Propiedad Intelectual". El creador de Blubster y Manolito aboga por "potenciar las licencias abiertas" como el copyleft y "reestructurar los impuestos directos que ahora gestiona SGAE", como el canon. Por si acaso y para el que lo pueda necesitar, los abogados de Soto,  David Bravo y Javier de la Cueva, están "liberando" -haciéndolas públicas en la Red- sus estrategias y argumentos legales para hacer frente a una posible demanda. Internet, como dice González Sinde, "seguirá existiendo".