Actualmente, cada comunidad autónoma es la que decide cómo recoger y gestionar estos residuos: bien los mismos ayuntamientos con sus propios medios o a través de adjudicaciones a empresas por concurso público. Este nuevo decreto, que está previsto que se apruebe a comienzos de 2007, se adapta a la última directiva del Parlamento Europeo, que establece como índices mínimos de recogida de estos residuos un 25% de lo vendido al año en 2012 y un 45%, en 2016. Unas cuotas «asequibles si se gestiona bien», según las empresas del sector. En estos momentos, en España sólo reciclamos un 20% del total.
Los peligros de estos residuos
Si las pilas se acumulan en vertederos, con el tiempo acaban desprendiendo sus compuestos. Metales como el cadmio y el mercurio, los más peligrosos, pueden acabar penetrando en el suelo y contaminando aguas subterráneas, introduciéndose en la cadena alimentaria.


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