Renault mantiene la opción del aval de la Junta aunque ha rechazado el del Gobierno por la "alta prima de riesgo"
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha confirmado este viernes que Renault mantiene la opción de aval del Gobierno autonómico por importe de 250 millones de euros tras haber rechazado la del Ejecutivo de la nación por el mismo valor ante el incremento de costes que supone por la "alta prima de riesgo" del país.
Villanueva, que ha comparecido este viernes en las Cortes para ratificar el aval de la Junta al Plan Industrial de Renault-España, ha insistido en que la multinacional francesa mantiene a día de hoy la posibilidad de hacer uso del aval del Gobierno de Castilla y León, para lo que tendría un plazo de once meses, por la "buena solvencia" acreditada por la Comunidad Autónoma.
"Las condiciones de Castilla y León les hace pensar que si necesitan liquidez el aval puede ser suficiente", ha continuado el consejero de Economía y Empleo quien, no obstante, ha reconocido que la actual situación de solvencia de Renault permite al grupo conseguir en los mercados internacionales mejores condiciones que con los avales de los gobiernos, especialmente el nacional, motivo por el que ha rechazado esa garantía.
Según ha explicado el vicepresidente de asuntos económicos en el Gobierno de Castilla y León, la financiación de Renault se gestiona en la actualidad en los mercados internacionales si bien ha insistido en que el aval de la Junta permitiría a la multinacional hacer uso de la emisión de obligaciones a colocar en el mercado secundario.
Villanueva ha asegurado que en el caso de que Renault haga uso finalmente de ese aval la Junta exigirá a la multinacional francesa de la marca del rombo "garantías suficientes" sobre la obligación de reembolso de la cantidad avalada. Renault se tendría que hacer cargo de la comisión por aval o provisión de fondos suficiente para este tipo de operaciones.
El aval de 250 millones de euros presentado este viernes por Villanueva en las Cortes de Castilla y León pretende contribuir a la financiación del Plan Industrial que el grupo asignó a Renault-España en octubre de 2009 con unas inversiones previstas por valor de 497 millones de euros, 469 para los centros de producción de Castilla y León y el resto para la planta de cajas de cambios de Sevilla, "necesarios para asegurar el futuro de este sector en Castilla y León durante los próximos diez años".
El plan más importante del sector
"Se trata sin duda del Plan industrial más importante del sector de la automoción en España", ha defendido el consejero, que ha recordado que ninguno de los otros diez fabricantes de automóviles con plantas en España ha presentado otro proyecto que contemple la "variedad" de proyectos que incluyan nuevos motores, nuevos vehículos convencionales, asignación de vehículos eléctricos y abran la posibilidad de nuevos vehículos del futuro "tal y como hace Renault en Castilla y León".
Villanueva ha repasado los compromisos asumidos por Renault en ese Plan Industrial que prevé la fabricación en el último trimestre del año en Valladolid del vehículo eléctrico Twizy, un automóvil que "debe proyectar a las plantas de Renault en Castilla y León hacia la necesaria diversificación de su actividad en un nuevo nicho de mercado, el de la movilidad eléctrica".
Tras reconocer que el vehículo eléctrico no va a suponer a corto plazo una carga de trabajo de gran impacto en cuanto al empleo, el consejero ha considerado que este proyecto colocará a Castilla y León en el mapa de las regiones europeas más avanzadas en la fabricación y desarrollo de este tipo de tecnologías.
Villanueva se ha referido también al desarrollo y fabricación de un nuevo motor en Valladolid a partir de 2012, un proyecto que "dará más estabilidad y garantías a la implantación industrial de este grupo en la Comunidad". A su juicio, la planta de Motores en Valladolid tiene el "gran desafío" de consolidar su posición "como una de las plantas más productivas del grupo y ampliar su cobertura internacional encargándose de suministrar motores a las nuevas plantas de la empresa en el norte de África".
En cuanto al nuevo vehículo de combustión interna comprometido por Renault para la planta de Carrocerías-Montaje de Valladolid, el consejero ha recordado que la fabricación de este modelo convencional se iniciará en 2013. Según sus datos, el proyecto se encuentra en su última fase para lo que la Junta trabaja "intensamente" con el grupo francés para, en su labor de empresa tractora, acercar negocio y proveedores a las plantas de fabricación de Castilla y León "con el objeto de hacer de éstas plantas más competitivas y con mayores garantías de futuro".
En este punto, ha informado de que ADE Parque adquirirá "de forma inmediata" el suelo para llevar a cabo los proyectos de creación de un polo eléctrico y parques de proveedores de las plantas ensambladoras de Castilla y León para optimizar la relación producción-logística en una región muy industrial que debe superar su lejanía a puertos de mar".
Finalmente, ha informado de que este proceso de desarrollo debe ser el inicio para la asignación de un nuevo vehículo a la planta de Palencia en el año 2015 y la posible diversificación de la factoría hacia la tecnología del vehículo eléctrico.
Medida "justa y conveniente"
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión de las Cortes, Pascual Fernández, ha expresado el apoyo de su partido a la concesión de este aval a Renault por considerar que es una operación "justa y conveniente", si bien ha considerado que Renault renunciará a esta garantía al poder acceder a crédito por otras vías y en mejores condiciones.
Según sus datos, el Gobierno de España ha concedido ayudas a la multinacional francesa de la marca del rombo por valor de 97,4 millones de euros, 75,8 millones a base de créditos al 0 por ciento de interés y a 15 años con un plazo de carencia de 5 años y el resto en subvenciones al plan industrial.
También ha expresado su apoyo a este aval el portavoz de la Comisión por el PP, Raúl de la Hoz, para quien la garantía ofrecida por la Junta es "favorable" para la "empresa bandera" para la economía de Castilla y León que, según ha admitido, debe diversificarse y modernizarse para rebajar su dependencia económica del sector de la automoción, con un 25 por ciento del PIB regional industrial.