La Ley de Economía Sostenible mantiene el plazo de 40 años que justificó el cierre ahora en discusión
La Ley de Economía Sostenible que actualmente se tramita en el Senado tras aprobarse en el Congreso a finales de diciembre mantiene el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas las centrales nucleares, un punto que sirvió para justificar el cierre de la planta de santa María de Garoña (Burgos) que ahora el Gobierno podría replantearse en el seno de las negociaciones con los agentes sociales y las fuerzas políticas para un gran pacto social.
Según han informado fuentes gubernamentales, el Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), como parte de un acuerdo global sobre las reformas económicas con patronal y sindicatos, a pesar de que el cierre de la central está ya fijado para 2013,
En su artículo 79.3 del texto remitido al Senado por el Congreso, la Ley de Economía Sostenible prevé que, a los tres meses de su entrada en vigor, el Gobierno habrá de aprobar un plan energético con vistas a 2020 en el que, entre otras cosas, se mantenga "el calendario de operación de las centrales del parque nuclear existente, considerando el plazo de cuarenta años para el que fueron diseñadas y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero".
Ese plazo de 40 años fue el que alegó el Gobierno para decidir el cierre de Garoña en julio de 2009. El propio presidente del Gobierno lo explicaba así un mes antes de adoptarse la decisión: "Cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de vida, la norma ha sido que deje de funcionar, no digo que tenga que ser automáticamente; la excepción, la prórroga. Tenemos que tener todos esos elementos en cuenta para tomar la decisión"
Las centrales imprescindibles y por tiempo razonable
Es más, Zapatero recordaba entonces que, en cuanto a centrales nucleares, debe haber "las imprescindibles, por el tiempo razonable y con la máxima garantía de seguridad", y que "en el mundo sólo hay una central con más de 40 años", en Reino Unido, cuyo cierre ya entonces estaba previsto para dos años.
Según explicaba entonces, la decisión de prorrogar o no la vida de una planta nuclear corresponde al Gobierno, no a los técnicos, y la responsabilidad es "mayor" cuando se trata de una central de 40 años.
"No se trata de decidir si se prorroga o no cualquier otra actividad económica —subrayaba—. Es una central nuclear que, además, produce residuos y que, si la prorrogamos seguirá produciendo residuos y tenemos un problema, nosotros y la humanidad todo el mundo, con los residuos nucleares, muy serio".