El síndic recomienda fortalecer los servicios públicos de empleo para mejorar su funcionamiento durante la crisi

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha hecho público su último Informe Especial sobre la actuación de los servicios públicos valencianos de empleo en la lucha contra el paro, en el que recomienda fortalecerlos para "mejorar al máximo posible su funcionamiento ágil y eficaz durante la grave crisis económica" actual.

El estudio, de unas 120 páginas, detalla las actividades que realiza el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y los servicios de empleo que prestan los Ayuntamientos valencianos e incluye nueve recomendaciones dirigidas a estas instancias. Entre ellas, les insta a una "mayor coordinación y cooperación" para conseguir la "máxima efectividad".

Según ha informado el síndic en un comunicado, el objetivo de este informe es, por una parte, refundir en un único documento las numerosas y complejas actividades que tanto el Servef como los servicios municipales de empleo están prestando actualmente en la Comunitat Valenciana y formular unas recomendaciones que puedan servir para mejorar los servicios.

El informe acota el estudio a los ayuntamientos con mayor número de habitantes de la Comunidad y analiza las actividades que están llevando a cabo desde el Servef y desde los servicios municipales de empleo de las tres capitales de provincia; los municipios de Alzira, Gandía, Paterna, Sagunto, Torrent, Benicarló, Benicàssim, Onda, Peñíscola, Villarreal, Alcoy, Benidorm, Elche, Guardamar del Segura y Torrevieja y siete consorcios intermunicipales en materia de empleo.

Entre las recomendaciones que recoge el Informe, remitido ya a las Corts, el síndic precisa "potenciar" al máximo las relaciones electrónicas entre la ciudadanía y los servicios públicos de empleo valencianos en la tramitación del mayor número posible de procedimientos administrativos, con el fin de "aumentar la productividad, reducir los tiempos y evitar colas y esperas innecesarias en las oficinas de empleo".

Asimismo, el defensor valenciano insta a concentrar, en un único portal o página web de internet, "todas las ofertas de empleo, cursos de formación y talleres que publicitan los distintos servicios públicos de empleo valencianos con el objeto de facilitar al máximo su conocimiento por parte de las personas desempleadas".

Asimismo, insta a incrementar la participación y contacto con los interlocutores sociales en los "esfuerzos encaminados a responder a la crisis, que ha puesto a la sociedad ante una perspectiva prolongada de aumento del desempleo y la agudización de la pobreza y la desigualdad" y garantizar a los desempleados una atención personalizada bajo los principios de "igualdad de oportunidades, no discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y calidad en la prestación de servicios".

El síndic también recomienda reforzar la formación continua de las personas desempleadas y su reconversión profesional; impulsar la iniciativa de las personas emprendedoras en proyectos de autoempleo y de creación de las pymes, estimulando su financiación mediante una mejora del acceso al crédito financiero y estimular los pactos territoriales por el empleo como una herramienta "imprescindible" para lograr un desarrollo territorial equilibrado y mantener un crecimiento sostenible en los municipios y comarcas de la Comunitat.

Quejas de ciudadanos

Según el estudio del síndic, consultado por Europa Press, las quejas formuladas por la ciudadanía en relación con el funcionamiento de los servicios públicos de empleo se refieren a la insuficiencia de las ofertas de empleo y la tardanza en poder acceder a un puesto de trabajo; las consecuencias negativas derivadas de la falta de renovación de la demanda de empleo y de la pérdida de antigüedad o el pago de las ayudas para asistir a cursos de formación.

Asimismo, cita el procedimiento de concesión de becas de formación y participación en talleres de empleo, la demanda de mayor formación continuada para las personas discapacitadas; las dificultades de los desempleados sin ingresos para desplazarse a los municipios donde se ofertan los puestos de trabajo por el Servef; la denegación de ayudas destinadas a la búsqueda de empleo y a incentivos para relevo por jubilación parcial del trabajador y la falta de obtención del certificado de profesionalidad y el carné de instalador tras la realización de un curso de formación.