El Gobierno intenta acabar con los abusos de los proveedores de ADSL

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha anunciado la publicación de varias órdenes ministeriales que tienen como fin la protección de los derechos de los usuarios frente a los proveedores de ADSL.

El planteamiento de estas medidas se ha elaborado a raíz de unos esclarecedores datos presentados por la Oficina de Atención al Usuario.

Que las quejas relacionadas con los servicios de conexión a Internet supongan ya tres de cada diez reclamaciones y más de la mitad de las consultas, ha llevado al secretario de Estado de Telecomunicaciones a anunciar medidas drásticas que buscan acabar con el fraude en los servicios de telecomunicaciones.

El principal motivo de las reclamaciones de los usuarios de Internet es el relacionado con la contratación de servicios, con un 63%, ya sean altas, bajas o cambio de proveedor.

Muy por debajo se encuentran los problemas de calidad con un 19,4%.

Aspectos como la facturación y las tarifas congregan el 10,7% de las quejas.

Entre la batería de medidas, destaca que los operadores tendrán que acreditar que les han sido solicitados los servicios, además de correr con los gastos provocados a los usuarios en caso de alta fraudulenta o slamming.

La nueva normativa prohibirá también el cobro de penalizaciones o cuotas cuando el usuario decidida dar de baja un servicio del que no haya disfrutado.

Esta situación era muy común, ya que se cobraban las cuotas mensuales de ADSL desde el momento en el que se contrataba, no desde el que se comenzaba a ofrecer el servicio.

En caso de interrupciones en el servicio de Internet resultará aplicable una compensación consistente en el prorrateo de la cuota mensual por el tiempo que dure la interrupción.

Además, el operador deberá establecer en el contrato los supuestos de indemnización.

Los operadores también tendrán que dar de baja automáticamente la facturación al usuario cuando éste decida cambiar de compañía.

Hasta el momento, gran parte de los usuarios que se querían dar de baja se veían obligados a enviar un costoso burofax en el que solicitaban la baja de los servicios.

De no hacerlo así, el usuario se encontraba con que no se le daba de baja y se le seguía cobrando.

También se obligará a los operadores a medir y publicar sus niveles de calidad en parámetros europeos. De este modo, los usuarios van a poder comparar los servicios de varias compañías bajo un único baremo.

Más de la mitad de las quejas están relacionadas con Internet

Según los datos de la Oficina de Atención al Usuario, el operador de Internet peor parado es Wanadoo, con 25 reclamaciones por cada 10.000 abonados. Después se encuentra Ya.com, con 11,4; Jazztel, con 8,7; Terra, con casi 7; Auna con 4,3 y Telefónica con 1,3.

En el pasado 2005 esta oficina había recibido más de 43.000 consultas, de las que el 51% se corresponden a servicios de Internet; 32% a telefonía fija y el 17% a móvil.

Peticiones de la AUI

Este anuncio se produce un día después de que la Asociación de Usuarios de Internet reiterase su petición de una normativa para regular los servicios relacionados con Internet.

La AUI ya envió una carta el 31 de mayo de 2004 al Secretario de Estado de Telecomunicaciones, donde se exponía esta problemática.