San Sebastián y Extremadura exponen en el Senado sus políticas para combatir la exclusión social derivada del desempleo

La ciudad de San Sebastián y la Junta de Extremadura han presentado en una Comisión Especial del Senado algunas de sus líneas de actuación para combatir las formas de exclusión social generadas por el desempleo.

La concejala delegada de Hacienda de San Sebastián, Susana García Chueca, ha valorado las distintas áreas de actuación del ayuntamiento en la gestión e inversión de las líneas de políticas sociales y ha insistido en la protección a los colectivos con riesgo de exclusión.

Preguntada por los grupos más vulnerables o susceptibles de exclusión, ha destacado en su comparecencia la atención "inmediata" a las víctimas de violencia de género, mejorando el sistema anterior. También, en lo relativo a las mujeres, ha apuntado que ha mejorado el acceso a la vivienda y la percepción de ayudas económicas.

Asimismo, los miembros de la Comisión Especial se han centrado en el sistema y gestión de servicios de urgencia social, a lo que García ha respondido que "funciona" a través de centros de acogida en la ciudad y que la capital guipuzcoana pueda permitirse ofertar estos servicios, a diferencia de otros municipios que deben limitarse al mínimo.

La concejala ha lamentado, por otro lado, que las personas que no cumplen los requisitos para el acceso a estas políticas por niveles de renta, se queden sin la ayuda en un momento adverso. Éste ha sido otro de los temas de preocupación de la Comisión.

Por último, la concejala donostiarra ha recordado que el volumen de inmigración extracomunitaria en la ciudad es de un 5%, y el plan hacia este colectivo está en "stand by". Sin embargo, ha reconocido las necesidades del colectivo que, en su opinión, no cuenta con "apoyo familiar", a diferencia de los demás ciudadanos, y ha asegurado que el plan se está elaborando fijándose en experiencias de municipios catalanes con una importante presencia de población inmigrante.

Además, ha añadido otras líneas de actuación en acceso a la vivienda, recordando la importancia de que los colectivos necesitados puedan presentarse a concurso, aunque ya tengan ayudas públicas, como ya se está haciendo en San Sebastián. Pese a asegurar que el presupuesto no es el mejor, ha garantizado la prioridad de las políticas sociales en 2011, como se han venido ejerciendo hasta ahora.

Política social y empelo en extremadura

Por otro lado, en la segunda sesión de la comparecencia de esta tarde, ha intervenido la directora general de Inclusión Social, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura, Concepción Cáceres, que ha valorado igualmente la inversión de la comunidad en políticas sociales y de empleo, que representan el 85% del presupuesto.

Cáceres ha recordado que el "riesgo de exclusión ha adquirido nuevas y violentas formas", por lo que ha defendido la gestión de las administraciones locales con las del Estado, el diálogo entre los agentes socioeconómicos, así como con entidades de la sociedad civil que pueden dar una respuesta a los problemas sociales derivados del desempleo, como por ejemplo Cáritas. "Nos obligan a redoblar el grado de compromiso", ha apuntado.

La directora general ha reconocido que la posición de Extremadura pone de manifiesto su "retraso estructural", pero no por ello, ha recordado, la Junta ha cejado en el esfuerzo para combatir y prevenir la exclusión. De hecho, ha destacado que 15,9 millones de euros se invertirán en inclusión social para colectivos desfavorecidos.

Así, ha destacado iniciativas como el 'Plan de fomento y calidad en empleo de Extremadura', dirigido a solventar las dificultades de incorporación al mercado laboral en jóvenes o discapacitados, o el 'Plan integral de empleo'. Los portavoces presentes han coincidido con Cáceres en que la mejor política social es el fomento del empleo.

Por otro lado, ha presentado otros planes como el 'Programa renacimiento', destinado a la mejora de los barrios deprimidos de las localidades extremeñas con más de 20.000 habitantes o el 'Programa puerta de salida', que tiene el objetivo de permitir la integración de jóvenes internados.

La línea de actuación en la que más se ha detenido ha sido el 'Plan de inclusión social', previsto de 2008 a 2011, en el que se han cumplido más del 90% de las 107 medidas previstas, y por tanto, del que se ha beneficiado más del 60% de la población extremeña, según ha indicado.

El asunto más complejo ha sido el programa de rentas mínimas -o ayudas directas a colectivos desfavorecidos—, que a partir de 2008, por la situación de crisis económica, ha aumentado notablemente su demanda en un 15%, sobre todo por problemas de acceso a la vivienda.

Por último ha destacado la prioridad de mantener las políticas sociales, y, en este sentido, ha juzgado como un acierto que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara haya unificado la Consejería de Igualdad y Empleo.

Según la directora general, es hacia donde hay que trabajar en la lucha contra la exclusión en el futuro. "Las políticas de inclusión social también tienen capacidad de dar mejores respuestas a colectivos que están en riego de exclusión. Me parece un acierto unir estas políticas", ha concluido.