Junta aprueba el nuevo decreto de reordenación del sector público e insta al PP-A a presentar su alternativa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto-Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, en el que se incluyen las modificaciones acordadas con CC.OO-A y UGT-A en la Mesa General de Negociación del Empleado Público y que entrará en vigor de manera inmediata. La norma se tramitará como proyecto de Ley para propiciar su debate en el Parlamento, según ha informado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien ha instado al PP-A a que presente su alternativa, artículo por artículo, y no se limite a criticar y demandar la derogación del decreto.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha querido dejar claro que los objetivos de este nuevo decreto son los mismos que el primero que se aprobó: la modernización y reordenación del sector público, bajo un criterio de austeridad, lo que llevará a la supresión de determinadas empresas, entes instrumentales y centros directivos. Además, ha querido dejar claro que en Andalucía no se va a producir la privatización de servicios públicos, sino que se va a garantizar que nadie vaya a hacer "negocio a costa" de las necesidades de la sociedad.

Asimismo, la consejera ha señalado que, en modo alguno, se puede "cuestionar" la representatividad y la legitimidad de CC.OO y UGT a la hora de alcanzar el acuerdo, por cuanto ambos sindicatos representan más del 70 por ciento de la Mesa general de la Función Pública. Gracias a las aportaciones de esos sindicatos, según ha recalcado, se amplían las garantías de los derechos de los empleados públicos.

Preguntada sobre si ha habido rectificación de la Junta, Moreno se ha limitado a apuntar que la Junta ha tenido en todo momento flexibilidad y ha agregado que la palabra rectificación "si se interpreta en cuanto al fondo del decreto, es que no es verdad. Si se dice rectificación en el cauce o en la forma, estoy totalmente de acuerdo".

De igual manera, ha manifestado que nadie con el decreto en la mano puede decir que cambia la relación laboral de ningún empleado público, ni de funcionarios ni de personal laboral de la administración general de la Junta o de los entes instrumentales. "No es cierto que nadie pase por la puerta de atrás ni que se hagan funcionarios sin oposiciones; ni siquiera que un laboral que hasta ahora no era laboral de la administración general vaya a ser laboral de la administración general de la Junta", según Moreno, quien ha precisado que el decreto recoge la necesidad de convocar pruebas, oposiciones o concursos en el marco de las ofertas de empleo público.

"Nadie se va a hacer funcionario o empleado sin las correspondientes oposiciones o pruebas selectivas", según Moreno, quien ha añadido además que el paso a las agencias es voluntario por parte de los funcionarios y de los laborales públicos. Ha recalcado además que a nadie se le cambia su convenio colectivo. "Que van a entrar personas por la puerta de atrás o que se vaya a hacer fijos a enchufados son cosas totalmente ajenas al decreto", ha sentenciado.

Debate en el parlamento

Asimismo, ha indicado que al Gobierno andaluz no le preocupa que haya uno o dos sindicatos que estén en contra de un decreto, algo que no es la primera ni la última vez que se producirá, sino que muchos empleados públicos de buena fe, a estas alturas, tengan dudas y un malestar, lo que se está "traduciendo en un mal clima". "Eso lo queremos atajar abriendo un debate en el Parlamento andaluz, dedicándolo el tiempo y el espacio necesario para que haya un debate con luz y taquígrafos que aporte serenidad e información sobre el contenido del decreto", ha dicho.

El Gobierno andaluz, según ha agregado Moreno, cree que ese debate en la Cámara va a ser esclarecedor y va a permitir la participación de los sindicatos para que puedan expresar su opinión, sin que ello signifique "cuestionar ni en un ápice los acuerdos, la legitimidad y la legalidad de los acuerdos alcanzados", si bien no ha cerrado la puerta a que la norma se pueda "enriquecer" en ese trámite. Para Moreno, los funcionarios se merecen un debate esclarecedor y se ha mostrado convencida de que esas personas van a encontrar "útil" este proceso y un debate sereno y riguroso, donde "podamos ver desde el artículo 1 al 51, punto por punto, y se compruebe la cantidad de mentiras que se están poniendo sobre la mesa en relación con el decreto y cuál es la intención de la Junta".

De igual manera, según Moreno, el debate parlamentario va a permitir conocer las alternativas políticas de los demás. Tras indicar que no va a simplificar diciendo que los funcionarios que protestan son "todos del PP o están manipulados por el PP", Moreno ha dicho que lo que sí es verdad es que el Partido Popular "está manipulando y mintiendo sobre el decreto y, por lo tanto, alimentando ese malestar de la función pública y esa intoxicación que se ha producido en estos meses".

Según la consejera de Presidencia, con el debate en el Parlamento, el PP se va a tener que subir a la tribuna a "dar la cara" y a defender su modelo. "No basta con criticar, sino que el Parlamento es el espacio de la alternativa y de los contrates", ha indicado Moreno, quien ha agregado que si el presidente del PP-A, Javier Arenas, no presenta su modelo es que lo "esconde y escamotea".

Ha advertido al PP-A de que pedir la derogación del decreto a estas alturas de la película sin plantear una alternativa es una "enorme flaqueza política de un partido que aspira gobernar en Andalucía". Ha expresado que espera que al PP-A no se le vaya la fuerza en los correos anónimos y que tenga la "valentía de plantear" un modelo, artículo por artículo, porque la ciudadanía y los empleados públicos tienen derecho a conocer cuál es la alternativa y el modelo que plantea el Partido Popular.

"Este decreto nació inocuo para los trabajadores públicos y muy sólido en la defensa del modelo público de la Junta", ha sentenciado Moreno, quien ha recalcado que si el primer decreto ya "era bueno", las aportaciones de UGT y CC.OO, han hecho mejor este segundo. Asimismo, ha aprovechado para apuntar que CSIF no debió de abandonar la mesa general de la Función Pública, sino apostar por el diálogo hasta el final, aunque luego decidiera votar en contra.

Contenido del nuevo decreto

El nuevo decreto precisa el régimen de integración del personal, tanto funcionario como laboral, en las agencias públicas empresariales y de régimen especial. Respecto a los funcionarios, la norma subraya el carácter voluntario de su incorporación y garantiza que se les continuará aplicando el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarán en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Cuando reingresen al servicio activo, se les reconocerá el trabajo desarrollado en las agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios.

De igual modo, el decreto también garantiza la voluntariedad de la integración del personal laboral de la Administración General en las agencias. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deberán participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.

En cuanto a la Agencia Andaluza del Agua, extinguida como consecuencia del decreto, sus empleados se integrarán en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, previa negociación de las condiciones en la Mesa General de la Función Pública.