Rafael Sánchez
Rafael Sanchez, portavoz de las entidades de gestión. Efe

"No tiene sentido que se devuelvan las cantidades del pasado", señala Rafael Sánchez, portavoz de las entidades de gestión de derechos de autor y director Gerente de Copia Privada de EGEDA tras la solicitud del diputado y presidente nacional de Nuevas Generaciones (NN GG) del PP, Ignacio Uriarte, para que las entidades de gestión devuelvan los 100 millones de euros recaudados el año pasado mediante el cobro del canon digital.

En este sentido, Rafael Sánchez argumenta que "no tiene mucho sentido que después de una sentencia, que habría que hacer una modificación legal, tuviese carácter retroactivo". "La complejidad que plantea la excepción que dice el Tribunal de Luxemburgo hay que pensarla y diseñarla y ver que sea viable y ese modelo es el que habrá que modificar, pero no afecta en absoluto al pasado", ha explicado el director Gerente de Copia Privada de EGEDA.

Yo no conozco ninguna ley que diga: me cargo la desgravación de las viviendas y lo aplico a los cinco años últimos

"Yo no conozco ninguna ley fiscal que diga: me cargo la desgravación de las viviendas y lo aplico a los cinco años últimos y que esa retribución se le pida a los contribuyentes", ha explicado como ejemplo Rafael Sánchez.

En esta misma línea, argumenta que algunas de las excepciones a las que se refiere la directiva europea "ya están incluidas" en nuestro ordenamiento como ocurre con las entidades de radiodifusion, los productores fonográficos y las emisoras de radio que no pagan el canon. "Este mismo ordenamiento jurídico dice en el artículo 25 que se determinará aquellos usos que podrán ser considerados fuera del ámbito de la copia privada y eso está en nuestra legislación desde el año 1994, con el gobierno de Felipe González", subraya.

"Lo más importante es que el Tribunal dice que el canon es legal y quien lo paga a las entidades de gestión son los fabricantes y los importadores. Nosotros no sabemos qué canon ha pagado una empresa determinada porque a nosotros no nos pagan las empresas ni el usuario final, nos pagan los fabricantes e importadores", destaca. En esta misma línea, insiste en que la entidades de gestión han actuado "conforme al modelo vigente en España" y agrega que "no tiene ningún sentido que alguien nos pida la devolución de un tema que está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico".