El jefe de obras de la carretera Palma-Manacor afirma que "una docena" de particulares se beneficiaron de obras privadas
Uno de los responsables de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro, ha reconocido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, que varios camiones echaron tierra sobrante y que se realizaron diversos trabajos privados en las fincas de "una docena" de particulares, entre ellos el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y el celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, aunque ha negado que fuesen facturados como si se tratase de trabajos de la carretera.
En la comparecencia que ha efectuado durante dos horas en calidad de imputado, el que fuese en concreto jefe de producción en la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de las obras ha cambiado de este modo la versión que ya ofreció en dependencias de la Policía Nacional, al negar ante la magistrada que estas obras privadas fuesen facturadas a la UTE Desdoblamiento C-715, en contra de lo que afirmó en sede policial, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Es más, durante la comparecencia el encausado, asistido por el abogado Daniel Castro, ha aportado un extenso informe que asocia las obras realizadas en cada uno de los tramos del desdoblamiento con su correspondiente facturación. Navarro se ha escudado en este voluminoso documento, que refleja la facturación de todas las empresas subcontratadas a través de la UTE, para reforzar su defensa y demostrar que que ninguna de las obras particulares llevadas a cabo se realizaron con cargo al dinero destinado a la carretera.
El nombre de Navarro aparece reflejado junto al también jefe de obra Jerónimo Gutiérrez así como al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Fiscal en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de 23 millones de euros producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 y cuyo desarrollo se investiga en el marco del denominado Caso Peaje.
Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Tanto Aguiar como el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual (UM), también imputado, han negado ante la jueza un desvío de fondos a fines particulares y han negado que el desfase "repercutiese" en las arcas del Consell, al explicar que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de las obras.
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Habrá ampliación)